Berna | Suiza 

   La entrada en vigor de la nueva legislación reabre el debate sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana, las libertades públicas y la protección del Estado de derecho

   Existe un viejo dicho popular que asegura que «las cosas frías se cuelan mejor en verano». Quizá por eso no deja de llamar la atención que el nuevo Código Penal dominicano entre en vigor precisamente en pleno mes de agosto, cuando el país soporta algunas de las temperaturas más altas del año.

Más allá de la ironía, la discusión que hoy enfrenta la sociedad dominicana no gira únicamente alrededor de nuevas penas o de la actualización de un código centenario. Lo que realmente está en juego es el modelo de democracia que queremos construir y el delicado equilibrio entre el poder del Estado y las libertades de los ciudadanos.

No toda reforma penal representa necesariamente un avance. La historia demuestra que muchas de las mayores restricciones a las libertades individuales fueron aprobadas bajo el argumento de fortalecer el orden público o combatir la delincuencia.

«No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.»

Montesquieu

Dos siglos después, esa reflexión mantiene plena vigencia.

Libertad de expresión bajo la lupa

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre periodistas, abogados, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil es la regulación relativa a la libertad de expresión.

Diversos juristas consideran que algunos artículos podrían producir un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo investigativo y de la crítica política.

La preocupación no radica únicamente en las sanciones previstas, sino en la amplitud de determinadas definiciones jurídicas que, según sus críticos, podrían facilitar interpretaciones restrictivas por parte de los tribunales.

En una democracia madura, el funcionario público debe estar sometido a un mayor nivel de escrutinio ciudadano, no a un régimen de protección reforzada frente a la crítica.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado durante años que las figuras de desacato resultan incompatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, precisamente porque privilegian al poder frente al ciudadano.

¿Protestar puede convertirse en delito?

Otro de los puntos más discutidos gira alrededor de los tipos penales relacionados con la alteración del orden público y la insurrección.

La preocupación expresada por organizaciones sociales no consiste en negar la necesidad de sancionar hechos violentos, sino en evitar que conceptos jurídicos excesivamente abiertos permitan confundir una protesta legítima con conductas propias del terrorismo o de la sedición.

La democracia necesita orden.

Pero también necesita ciudadanos capaces de manifestarse sin temor a que el ejercicio de un derecho constitucional pueda terminar siendo interpretado como un delito grave.

Las leyes penales deben ser claras, precisas y previsibles.

Cuando los conceptos son ambiguos, aumenta inevitablemente el margen de discrecionalidad del poder.

Corrupción: ¿más severidad para unos que para otros?

Otro debate relevante es el relativo a los delitos contra la administración pública.

Diversos especialistas sostienen que el nuevo Código endurece significativamente determinadas conductas comunes mientras mantiene abiertas discusiones sobre la eficacia del régimen sancionador aplicable a los delitos de corrupción.

La verdadera fortaleza de un Código Penal no se mide por la cantidad de años de prisión que contempla, sino por su capacidad para aplicarse de forma igualitaria.

Cuando la ciudadanía percibe que la ley castiga con mayor dureza al ciudadano común que al funcionario corrupto, comienza a deteriorarse la confianza en la justicia.

Y sin confianza, ningún sistema penal logra legitimidad.

El desafío constitucional

No es casualidad que varios legisladores y distintos sectores hayan promovido iniciativas de modificación e incluso anunciado acciones de inconstitucionalidad respecto de determinados artículos.

Lejos de interpretarse como un ataque al Código, este proceso forma parte del funcionamiento normal del Estado de derecho.

Las leyes también deben poder ser revisadas cuando existen dudas razonables sobre su compatibilidad con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.

La fortaleza institucional no consiste en impedir el debate.

Consiste precisamente en permitirlo.

Una democracia se mide por cómo protege las libertades

La República Dominicana necesita un Código Penal moderno.

Necesita herramientas eficaces para combatir la delincuencia organizada, la corrupción, el crimen transnacional y la violencia.

Pero también necesita preservar las libertades públicas que distinguen a un Estado democrático de uno autoritario.

El desafío consiste en encontrar ese equilibrio.

Porque cuando el Estado adquiere más poder para castigar, también debe fortalecerse el sistema de garantías que protege a los ciudadanos frente a posibles abusos.

Las leyes penales son demasiado importantes para ser aprobadas sin un amplio consenso social.

Y mucho más cuando afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta o el ejercicio del periodismo.

El calor del verano pasará.

El Código Penal permanecerá durante décadas.

Por eso las reformas deben construirse pensando no en el gobierno de turno, sino en las generaciones que heredarán nuestro sistema democrático.

Madrid | España 

— Crónica de un pueblo aturdido que ya no sabe si el suelo que pisa es tierra firme o el próximo socavón

Acuérdate de abril, cantaba Danny Rivera con esa melancolía que cala hondo. Pero el abril dominicano de 2026 no huele a nostalgia: huele a lodo, a gasoil embotellado y a los 20 millones de dólares que Aerodom declara haber invertido en remodelar la pista del AILA —ese mismo aeropuerto donde el dominicano ha visto flotar de todo, incluido lo que la decencia impide nombrar—, mientras en la carretera de San José de Ocoa un socavón dejó el municipio incomunicado, con decenas de vehículos varados y apenas un hilito de trillo por donde pasan motores. Dos realidades, una sola República.

Y si el suelo se traga las carreteras, en San Juan de la Maguana el suelo encierra oro que la transnacional canadiense GoldQuest quiere extraer a toda costa, con la bendición de las autoridades. Cientos de agricultores y comunitarios sanjuaneros salieron en caravanas de tractores y camiones a expresar su rechazo rotundo, alegando que la minería amenaza directamente sus fuentes de agua, su agricultura y el equilibrio ecológico de la región. Los sanjuaneros han dicho, con la claridad que da la desesperación, que habrá que matarlos antes de que eso ocurra. La respuesta corporativa, según se ha reportado, fue de una candidez que hiela: pues se matan y ya. Qué consuelo.

Y en medio de todo esto, el gobierno envió una comisión a consultar a los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández sobre la crisis internacional. Los mismos que, durante cuatro períodos consecutivos del PLD, digitalizaron y modernizaron un Estado que el entonces PRD —hoy PRM— había dejado en 2004 funcionando casi en su totalidad de forma analógica. Esa transformación fue real, costosa y visible. Ahora, con una improvisación que ya nadie disimula, el PRM está desmontando sistemáticamente esa modernidad, con la misma determinación con que otros desmontan andamios: pieza por pieza, sin plan alternativo. Decía Blaise Pascal que todos los males del hombre provienen de su incapacidad para sentarse quieto en una habitación a pensar. Este gobierno parece confirmar la tesis: en el primer cuatrienio, la propuesta era “se van y el cambio va”; en el segundo, “el cambio sigue” y “fue Luis que ganó”. Danilo lo dijo sin rebozo: llegaron sin un plan concreto. Pocos dudan ya de que, a su salida, dejarán el país, como dice el pueblo, “en cuatro blocks”.

Para rematar, la Junta Central Electoral lanzó con bombos y platillos la nueva cédula de identidad —proyecto para nueve millones de dominicanos, financiado con dinero de todos— y, el primer día, los ciudadanos que llegaron desde las cinco de la mañana permanecían seis horas después en espera, frente a sistemas caídos y filas interminables. Lo verdaderamente irónico es que el presidente, los exmandatarios, senadores, diputados, magistrados, empresarios y muchos vecinos del lado occidental de La Española ya lucen su nuevo plástico. Mientras tanto, el descamisado espera, como siempre, su turno.

El pueblo dominicano ha desarrollado una tolerancia digna de estudio clínico. Inundaciones, apagones, infoxicación, desvivimiento de dominicanos a manos del machete del vecino, muertos que no cuadran —ya sean los de las pobladas del 84 o los del derrumbe del techo del Jet Set—, carreteras que se tragan a sí mismas, agua y tierra en disputa. Todo llega en aluvión, todo pasa deprisa, todo se olvida antes del próximo sobresalto.

Y, sin embargo, hay quien todavía se sorprende. No debería. Porque todo estaba escrito desde aquel 16 de agosto en que la Banda Presidencial cayó al suelo. No fue torpeza: fue presagio. Desde ese instante inaugural quedó sellado el destino de una era: la de gobernar entre el desconcierto y la improvisación, entre el acto protocolario y la angustia silenciosa del de a pie.

Acuérdate de abril. Ojalá sirviera de algo recordar.

Zürich | Suiza

– En una jornada marcada por el civismo y el sentimiento patriótico, cientos de dominicanos residentes en Suiza tomaron este sábado 21 de marzo las calles del centro histórico y turístico de Zúrich. La movilización tuvo como objetivo central exigir al gobierno dominicano un control estricto sobre la migración irregular y demandar la intervención activa de la comunidad internacional en la crisis haitiana.

La marcha recorrió puntos estratégicos de la ciudad helvética, donde la diáspora hizo sentir su voz ante la mirada de locales y turistas. El mensaje fue claro: la República Dominicana requiere el rescate de su soberanía y una gestión seria frente a la desbordante presencia de nacionales haitianos indocumentados en territorio nacional.

El clamor de la diáspora

El momento cumbre del evento tuvo lugar al pronunciar las palabras que sirvieron de manifiesto popular, cuando Luz María Martínez alzó la voz para canalizar el sentir de los presentes. En una declaración enérgica que capturó la atención de la multitud, Martínez reclamó a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la United States Agency for International Development (USAID) y la Unión Europea que asuman de una vez su responsabilidad histórica en la solución de los problemas internos de Haití.

Durante su intervención, los manifestantes subrayaron con firmeza que la salida a la crisis haitiana debe ejecutarse estrictamente dentro de sus propias fronteras y no puede seguir recayendo sobre los hombros de la República Dominicana.

El impacto real en el presupuesto nacional

Los participantes enfatizaron que, aunque el pueblo dominicano es hospitalario y pacifista, la carga económica de la migración irregular ha alcanzado niveles críticos. En el manifiesto se destacó cómo la presencia descontrolada afecta áreas vitales, sustentando la denuncia en datos de impacto nacional:

Salud pública:

Se señaló que la red hospitalaria estatal destina sumas millonarias a la atención de extranjeros indocumentados. Datos oficiales indican que más del 35 % de los partos en hospitales públicos corresponden a nacionales haitianas, lo que representa una inversión anual superior a los 10,000 millones de pesos, recursos que dejan de invertirse en la atención de los ciudadanos locales.

Educación:

El sistema de educación pública preuniversitaria ha tenido que absorber a más de 170,000 estudiantes haitianos, lo que implica un gasto que supera los 15,000 millones de pesos anuales del presupuesto del 4 % para la educación. Esta saturación presiona la infraestructura y limita la disponibilidad de cupos para los dominicanos.

Seguridad y defensa:

El despliegue militar en la zona fronteriza y el patrullaje preventivo de la Policía Nacional y Migración consumen una parte sustancial del presupuesto de seguridad nacional, desviando fondos necesarios para el combate de la delincuencia interna hacia el control de la migración ilegal.

Unidad comunitaria en Suiza

La convocatoria logró aglutinar a diversas entidades y personalidades que hacen vida en el país europeo, demostrando la cohesión de la comunidad dominicana en el exterior. Entre las organizaciones coordinadoras destacaron UDES, Juntos Podemos, Domi Fest y La Nueva Orden, junto a la participación activa de figuras como Richar González Mejía, Jovito Nina, Ana Iris Langone, Nelson del Pozo Guzmán, Milqueya viaje.ch, DJ Oro Negro y Dionicio el Mayor, entre otros líderes comunitarios.

Con esta acción, los dominicanos en Suiza se suman al clamor global de la diáspora que busca garantizar la estabilidad y el futuro de su nación, enviando un mensaje de alerta a las autoridades locales e internacionales sobre la urgencia de medidas concretas para proteger el territorio dominicano.

 Santo Domingo | R.D.

— Las circunscripciones 1, 2 y 3 del exterior representan hoy un ejemplo claro de compromiso, organización y trabajo constante en favor de la comunidad de dominicanos que residen fuera del país. Cada una de estas circunscripciones abarca importantes regiones donde vive una parte significativa de nuestra comunidad. La Circunscripción No. 1 comprende principalmente Estados Unidos y Canadá; la Circunscripción No. 2 abarca Centroamérica, Sudamérica y el Caribe; mientras que la Circunscripción No. 3 corresponde a Europa y otras regiones del mundo. Desde cada uno de estos espacios geográficos, los compañeros y compañeras han demostrado que no existe distancia, diferencia de horarios o desafío migratorio que pueda convertirse en una barrera cuando se trabaja con convicción y sentido de responsabilidad política.

Este esfuerzo colectivo se desarrolla bajo la orientación del presidente del partido, Danilo Medina, el trabajo organizativo del secretario general, Johnny Pujols, y el impulso de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior que encabeza Alexis Lantigua. Gracias a esta coordinación, las tres circunscripciones han continuado fortaleciendo la estructura partidaria, organizando actividades comunitarias, encuentros políticos y espacios de diálogo con la comunidad dominicana, reafirmando el compromiso de trabajar por mejores condiciones para quienes aportan al país con su esfuerzo, su talento y sus remesas.

No se puede ignorar que durante los años en que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana, la República Dominicana vivió uno de los períodos de mayor crecimiento económico y estabilidad social de su historia reciente.

• 2012: 2.7 %
• 2013: 4.9 %
• 2014: 7.1 %
• 2015: 6.9 %
• 2016: 6.7 %
• 2017: 4.7 %
• 2018: 7.0 %
• 2019: 5.1 %

Entre 2012 y 2019, el país registró tasas de crecimiento promedio cercanas al 6 % anual, redujo significativamente los niveles de pobreza y amplió programas sociales, educativos y de infraestructura que impactaron positivamente la vida de millones de dominicanos. Ese progreso también se reflejó en la relación con la comunidad dominicana fuera del país, reconociendo su importancia económica y social y fortaleciendo los mecanismos de participación política.

Por ello, el trabajo que hoy realizan los compañeros y compañeras de las circunscripciones 1, 2 y 3 del exterior no es solo una labor organizativa; es también un compromiso con la historia de avances que vivió el país y con la esperanza de seguir construyendo un futuro mejor para todos los dominicanos. Con unidad, disciplina y vocación de servicio, continúan demostrando que la distancia no debilita el compromiso, sino que lo fortalece cuando se trabaja con la convicción de que la República Dominicana puede volver a avanzar por el camino del progreso y las oportunidades que muchos recuerdan como los años en que el país estaba mejor.

El autor es Miembro del Comité Central y Subsecretario de Dominicanos en el Exterior

 Santo Domingo| R.D. 

— La Cancillería de la República Dominicana (MIREX) y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela publicaron este 1 de febrero de 2026 un comunicado conjunto anunciando la próxima reactivación de los servicios consulares entre ambos países, interrumpidos desde julio de 2024 a raíz de un distanciamiento diplomático entre las dos naciones.

 El mensaje oficial, difundido en la cuenta institucional del MIREX en la red social X, indica que “República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela reactivarán servicios consulares para atender las respectivas comunidades” en los próximos días.

Según el comunicado de ambas cancillerías, se detalla:

• La reanudación de servicios consulares:

Se espera que las secciones consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo vuelvan a operar para atender a las comunidades de sus respectivos ciudadanos residentes en cada país, facilitando trámites y asistencia en persona.

• Facilitación de trámites migratorios y asistencia:

La reactivación permitirá que dominicanos en Venezuela y venezolanos en República Dominicana realicen procedimientos como solicitudes de visa, renovación de documentos y asistencia legal, sin depender de intermediarios o terceros.

• El Restablecimiento de vuelos comerciales:

El acuerdo también contempla la reactivación de la conexión aérea comercial entre ambos países, lo cual facilitará la movilidad de pasajeros, reencuentros familiares, turismo y comercio tras la interrupción de rutas aéreas que se produjo en el marco del distanciamiento diplomático.

La crisis diplomática

Las misiones consulares han estado cerradas desde el 31 de julio de 2024, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara la salida del personal diplomático dominicano y suspendiera los servicios consulares como respuesta al cuestionamiento por parte del Gobierno  Dominicano sobre los resultados de las elecciones venezolanas de ese año.

La suspensión de las relaciones consulares y aéreas afectó directamente a miles de la diáspora de ambos países, complicando trámites básicos como la renovación de pasaportes, visados y otros documentos esenciales para la movilidad, la educación y el trabajo.

Aunque el comunicado conjunto confirma la decisión política de reactivar los servicios consulares y la posible reapertura de vuelos, aún no se han detallado fechas exactas de reapertura, ni los protocolos específicos que se aplicarán en cada consulado. La reactivación será coordinada técnicamente entre ambas cancillerías y sus autoridades competentes antes de que los consulados vuelvan a operar de manera regular.

Este anuncio representa un paso significativo en la normalización de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Venezuela, con implicaciones directas para la atención consular, las relaciones humanas, migratorias y económicas entre ambas naciones.

Fuente: Mirex cuenta de X