Suiza frente al espejo de su futuro: una sociedad que envejece y un Estado que tendrá que pagar la factura

Berna | Suiza 

Suiza ha construido buena parte de su prosperidad sobre una combinación que durante décadas pareció casi indestructible: estabilidad institucional, disciplina fiscal, elevada productividad, salarios altos, innovación, seguridad social y una economía capaz de atraer talento desde prácticamente todos los rincones del mundo.

Pero ninguna sociedad permanece inmune al paso del tiempo.

El OECD Economic Surveys: Switzerland 2026, publicado el 15 de septiembre, coloca sobre la mesa una cuestión que probablemente terminará ocupando un lugar mucho más importante en el debate público suizo: el envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas, sociales y fiscales.

No se trata de una amenaza inmediata ni de afirmar que el Estado suizo esté al borde del colapso. Todo lo contrario. La propia OCDE reconoce que Suiza mantiene fortalezas fiscales y económicas importantes.

Precisamente por eso resulta necesario mirar más allá del presente.

El verdadero desafío está en las próximas décadas en donde se visualiza una Suiza cada vez más longeva.

Los datos son reveladores. En 2025, el 20,4 % de la población suiza tenía más de 65 años, mientras que la esperanza de vida alcanzaba los 84,2 años: 85,9 años para las mujeres y 82,4 para los hombres.

Vivir más no debería considerarse un problema. Es, en realidad, uno de los grandes éxitos de las sociedades modernas.

El problema aparece cuando las instituciones económicas y sociales fueron diseñadas para una estructura demográfica diferente.

Durante buena parte del siglo XX existía una relación relativamente favorable entre población activa y población jubilada. Había muchos trabajadores sosteniendo sistemas de protección social que debían atender a una proporción menor de personas retiradas.

Ese equilibrio está cambiando.

La generación que llega a la jubilación no solamente vive más años, sino que permanece durante más tiempo dentro del sistema de pensiones y, posteriormente, puede requerir mayores servicios sanitarios y cuidados de larga duración.

La cuestión fundamental, por tanto, no es que los suizos estén viviendo demasiado.

La cuestión es cómo financiar una vida más larga sin deteriorar la protección social ni trasladar una carga excesiva a las generaciones que todavía están trabajando.

El problema comienza a aparecer en las cuentas

Aquí se encuentra uno de los aspectos más delicados del informe de la OCDE.

Las simulaciones de la Oficina Federal de Seguros Sociales citadas en el estudio indican que el sistema público de reparto podría registrar déficit ya desde 2026 y que este podría aumentar hasta aproximadamente el 0,4 % del PIB en 2035.

Conviene poner la cifra en contexto: no significa que Suiza vaya a entrar automáticamente en una crisis fiscal.

Pero sí significa que el mecanismo necesita adaptarse.

La OCDE advierte que el envejecimiento elevará el gasto relacionado con las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

Y aquí aparece una pregunta inevitable:

¿Quién pagará la Suiza del futuro?

La respuesta no puede ser simplemente «el Estado», porque el Estado no genera recursos de manera independiente. Los recursos públicos proceden, directa o indirectamente, de trabajadores, empresas, consumidores, contribuyentes y de la actividad económica.

Si aumenta el número de personas que reciben prestaciones mientras disminuye proporcionalmente el número de personas que trabajan y cotizan, la ecuación termina modificándose.

Y la demografía no negocia.

Puede retrasarse una reforma, pero no puede negociarse con el envejecimiento de una población.