SOPA DE LETRAS PARA PALIZA: rompecabezas de lucha antidrogas en el ajedrez de la frontera imperial

Zürich | Suiza

– Los titulares que se difunden sobre la tensa situación en los mares Caribe y Pacífico de la frontera imperial, a través de medios tradicionales y redes actuales, al organizarse sobre el mapa costero latinoamericano, arrojan más confusiones que luces, entorpeciendo el entendimiento del panorama.

El agresivo retorno de Estados Unidos, con despliegues militares y presencia frecuente de funcionarios de alto nivel —algo sin precedentes en la historia contemporánea hacia el históricamente descuidado hemisferio— amerita poner atención, reflexionar y fijar una posición sabia y clara que rechace la intervención encubierta tras cualquier relato dirigido a los países de la región latinoamericana.

El esfuerzo de organizar los titulares en un esquema razonable para comprender las tensiones, partiendo del argumento estadounidense sobre el combate a los carteles de drogas y terrorismo, resulta particularmente confuso al observar la selección geopolítica en la región. Destacan países, gobiernos y partidos designados como aliados del gobierno de Trump en esta aventura de supuesta lucha contra el narcotráfico, mientras otros son señalados como vinculados a los carteles.

La geopolítica selectiva del control regional

Entre los aliados estratégicos se destacan los gobiernos de República Dominicana, Ecuador, Panamá, Argentina y El Salvador. Los señalados como vinculados al narcotráfico enfrentan asedio sistemático, amenazas y presión constante, siendo el gobierno de Venezuela el principal objetivo, seguido del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, así como el gobierno mexicano.

La realidad desnuda la doble finalidad del relato cuando República Dominicana, aliado clave, presenta un perfil de narcotráfico estatal profundamente preocupante. A pesar de los altos volúmenes de incautación, la evidencia apunta a una infiltración sistémica.

Narcopolítica en República Dominicana: los casos que manchan la democracia

La evidencia de las últimas dos décadas pinta un cuadro grave de infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas dominicanas. Según reportes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y extradiciones procesadas en cortes de EE.UU., al menos una decena de diputados, alcaldes y exfuncionarios han sido acusados o condenados por su vínculo con redes de crimen organizado transnacional. Estos casos abarcan militantes y dirigentes de partidos de todos los espectros políticos.

Cabe destacar que el actual partido de gobierno, el PRM, destacado aliado de la política exterior de Trump, ha visto cómo un número significativo de sus figuras públicas han sido vinculadas a escándalos de narcotráfico. Un estudio del Observatorio Político Dominicano de 2024 cuantificó que, en la última década, los partidos mayoritarios (PLD y PRM) han concentrado el 70% de todas las imputaciones por narcopolítica. Este patrón es reconocido incluso dentro de la clase política: la diputada Soraya Suárez llegó a afirmar que su propio partido, el PRM, debería pedir disculpas a la ciudadanía “por tantos candidatos que llevamos en las boletas que están vinculados con el narcotráfico”, evidenciando la insuficiencia de los filtros internos.

Los señalamientos convenientes y la soberanía regional

Los señalamientos selectivos se evidencian con crudeza en el trato dispar a los países objetivo. Venezuela enfrenta un bloqueo económico riguroso y operaciones de hostigamiento, mientras se han reportado incidentes letales, como el ataque con drones a embarcaciones señaladas como narcotraficantes, acciones calificadas por organizaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. En contraste, México, a pesar de asegurar 107 toneladas de droga en operativos domésticos en 2024 según sus informes oficiales, enfrenta la designación unilateral de cárteles como “organizaciones terroristas” por parte de Washington, un movimiento percibido como chantaje geopolítico.

La geografía comparada del narcotráfico, basada en los Informes Mundiales sobre Drogas de la ONU, desmiente el relato oficial: la ruta del Caribe solo transporta un 16% de la cocaína hacia EE.UU., mientras la ruta del Pacífico —que bordea países aliados como Ecuador y Colombia— concentra el 74% del tráfico. Los verdaderos flujos financieros ilícitos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), benefician principalmente al sistema bancario internacional, que lava la inmensa mayoría de estos recursos.

Geografía comparada del crimen organizado

El problema de la infiltración política ocurre en un contexto regional donde República Dominicana muestra una posición particular. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el país ocupa el puesto 91 de 193 naciones, con un nivel de criminalidad (5.17) ligeramente superior al promedio mundial. Aunque el índice señala que su resiliencia institucional ha mejorado, este fortalecimiento parece funcional a la estrategia de seguridad estadounidense, priorizando la intercepción de cargamentos sobre una purga estructural de la corrupción política que los habilita.

Hacia una perspectiva progresista y soberana

Desde una visión progresista, es esencial cuestionar esta arquitectura de poder que utiliza el combate al narcotráfico como instrumento de dominación geopolítica y división entre gobiernos. La posición latinoamericana debe privilegiar la soberanía y concebir la región como un santuario para el diálogo y la integración, abordando el fenómeno narcotraficante desde una perspectiva de salud pública y justicia social, no como un pretexto para el intervencionismo.

El rompecabezas geopolítico presentado desde Washington como lucha antidroga esconde una estrategia de reafirmación hegemónica. La alternativa progresista debe construir marcos de cooperación regional autónomos, basados en evidencia científica y respeto a la autodeterminación.

Mientras persista este enfoque geopolítico selectivo direccionado desde el Pentágono y aceptado por sumisión por gobiernos de la región, seguiremos navegando en mares de confusión donde solo pierden los pueblos latinoamericanos. La construcción de una agenda progresista antidrogas requiere desmontar estos mecanismos de dominación y avanzar hacia políticas centradas en el bienestar colectivo.