SOLDADOS GRINGOS EN RD OTRA VEZ: Una Lesión Inaceptable a la Soberanía Nacional

Zürich | Suiza

– Endeudamiento, narcos del PRM y de otros partidos hacen a Luis Abinader un presidente rehén.

Con profunda preocupación cívica y un espíritu de defensa irrenunciable de nuestra soberanía, envío estos párrafos para analizar lo que podría constituir una de las decisiones más controvertidas en materia de soberanía nacional en la última década: el acuerdo que permite a fuerzas militares de los Estados Unidos utilizar nuestros aeropuertos bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

Este pacto, negociado sin la transparencia que el pueblo merece, reactiva un debate que creíamos superado y plantea serias dudas sobre su concordancia con el orden constitucional que nos dimos para garantizar nuestra condición de nación libre e independiente. Como ciudadano atento del derecho constitucional, encuentro particularmente preocupante que, una década después, parezca ignorarse la contundente jurisprudencia sentada por nuestro máximo tribunal.

En 2015, el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Milton Ray Guevara, fue claro y terminante: “La presencia de tropas militares en el territorio dominicano siempre debe estar supeditada a un plazo concreto”. El acuerdo actual, al omitir deliberadamente un tiempo específico para estas operaciones, incurre en el mismo vicio de indeterminación que el TC declaró inconstitucional. Cualquier jurista objetivo podría cuestionar cómo esta situación se compatibiliza con el Estado de derecho, al convertir una supuesta colaboración temporal en lo que muchos perciben como una cesión indefinida de espacios estratégicos de nuestra patria.

Desde una perspectiva constitucional, este acuerdo merece un escrutinio riguroso. El Artículo 3 declara inviolable nuestra soberanía y prohíbe expresamente a los poderes públicos realizar o permitir actos que configuren una “intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos”. Autorizar el uso de nuestras bases aéreas —y, sin temor a equivocarnos, de otros espacios geográficos dominicanos— sin control temporal ni condiciones precisas plantea serias dudas sobre la preservación de la soberanía nacional y la integridad del Estado dominicano.

El análisis trasciende nuestras fronteras, pues este acuerdo también genera cuestionamientos en el ámbito del Derecho Internacional. Se alega que viola el espíritu de tratados que consagran la igualdad soberana de los Estados y la no intervención, principios rectores de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas. Al otorgar inmunidades y privilegios extensivos al personal extranjero, se crea un régimen de extraterritorialidad que muchos asociamos con épocas que creíamos superadas.

La opacidad que rodea este convenio alimenta legítimas inquietudes ciudadanas. La falta de transparencia sobre el alcance real de las operaciones, los contingentes involucrados y los mecanismos de control nacional genera fundadas sospechas sobre sus verdaderos fines. Bajo la etiqueta de “antinarcótico”, existe el riesgo latente de que se esté facilitando una presencia militar permanente que excede dicho objetivo, comprometiendo nuestra neutralidad y exponiéndonos a conflictos que no son los nuestros.

Frente a esta situación, hago un llamado al diálogo nacional serio y fundamentado. No podemos permitir que se cuestione nuestra soberanía por acuerdos que merecen mayor debate público. La defensa nacional y la lucha contra el narcotráfico son deberes primordiales del Estado, que deben ejercerse con políticas propias, inteligencia local y cooperación internacional basada en la igualdad y el respeto mutuo, nunca en la subordinación.

Por tanto, todos los sectores de la vida nacional —la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia y la clase política— debemos unir esfuerzos en un gran debate nacional para examinar a fondo este acuerdo. Reivindiquemos el legado del 2015 y asegurémonos de que la Constitución y la soberanía popular no sean letra muerta. Defender nuestra tierra, nuestra libertad y nuestro derecho a un futuro soberano no es solo un derecho: es un deber patriótico incuestionable. Corresponderá a las instituciones, incluido el tribunal, determinar si el gobierno ha actuado dentro de los marcos legítimos o si procede sentenciar que el presidente y el gobierno retornen a la constitucionalidad.