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CRISIS EN CUBA Y VENEZUELA: Una mirada progresista a la complejidad de un colapso no deseado

Escribe Nelson Del Pozo G

12/10/2025

Zürich | Suiza

Tormenta ideal para flotilla de guerra en el Caribe impulsada por los vientos del Premio Nobel de la Paz en busca de capataz de fincas al servicio de imperios colonialistas.

Una mirada al interior de los intereses del Comité en Noruega.

Un día para buscar respuestas desde la colonización.

Cuando las sanciones externas y los problemas estructurales se retroalimentan en el panorama geopolítico actual, las crisis económicas y humanitarias que atraviesan Cuba y Venezuela representan casos de estudio profundamente complejos. Desde una perspectiva progresista, centrada en el análisis estructural y el impacto humano, es evidente que estas emergencias son el resultado de una convergencia de factores, donde las sanciones internacionales y las políticas domésticas fallidas interactúan en un círculo vicioso. Este artículo busca analizar esta complejidad, evitando simplificaciones de las dos cuestiones y enfocándose en los datos que describen la realidad tangible de sus poblaciones.

El colapso multidimensional de Cuba: más allá del «periodo especial«

La isla caribeña enfrenta lo que los expertos han calificado como su peor crisis económica desde que se independizó de España en 1902. La economía no solo cayó un 1,1% en 2024, sino que se proyecta una contracción adicional del 1,5% para este año. Los cubanos tratan diariamente con apagones que pueden superar las 20 horas en algunas localidades, una situación que paraliza por completo el aparato productivo y la vida cotidiana. El sistema energético, afectado por años de falta de mantenimiento e inversión, es un síntoma claro del colapso infraestructural. A esto se suma una inflación que, aunque se ha ralentizado, se mantiene persistentemente por encima de los dos dígitos, desgastando la capacidad adquisitiva de las familias.

El drama humano en Cuba: la angustia tangible

Las consecuencias humanas de esta crisis son abrumadoras. La disponibilidad de la canasta básica subsidiada se ha reducido drásticamente, con productos como el pollo que llevan meses sin distribuirse. El gobierno ha reconocido que alrededor de un millón de personas, el 10% de la población, se ve afectada a diario por cortes en el suministro de agua potable, un problema directamente vinculado al déficit energético. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha cuantificado el impacto de las sanciones estadounidenses en 7.556 millones de dólares en daños en solo un año, afirmando que este bloqueo “genera penuria, escasez y sufrimiento” en la población.

Venezuela: el espejismo de una recuperación que se desvanece

Al sur de las Américas, Venezuela experimenta un retroceso dramático tras un breve período de leve recuperación económica. El país se adentra nuevamente en un territorio conocido: la inflación podría superar el 200% en 2025 y se proyecta una contracción económica del 2,05%. Esta “tormenta perfecta” económica ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a decretar una “emergencia económica”, atribuyéndola al endurecimiento de las sanciones internacionales. El economista José Manuel Puente sintetiza la situación: “Los desequilibrios de Venezuela nunca desaparecieron. Se han generado ilusiones de armonía, pero no ha habido un programa económico de estabilización”.

El corazón de la crisis venezolana: el colapso petrolero

El núcleo del problema reside en el sector petrolero. La revocación de licencias a empresas como Chevron, Shell y BP por parte de la administración Trump representa un golpe devastador para una economía de la cual el 85% de sus ingresos en divisas provienen del petróleo. Solo la empresa Chevron era responsable de cerca del 30% de los ingresos en dólares y del 40% de los dólares que se liquidaban para que el sector privado financiara importaciones. Con la salida de estas compañías, se estima que la producción petrolera caerá a 770.000 barriles diarios este año, un 11% menos que en 2024.

El impacto social: salarios de miseria y migración forzada

En el terreno social, la situación es igualmente grave. El salario mínimo en el sector público es insuficiente, representando apenas el 1,6% del ingreso total de los trabajadores, con la mayor parte de la remuneración dependiendo de bonos discrecionales. Mientras un gerente industrial puede ganar un promedio de 1.048 dólares mensuales, los obreros apenas alcanzan los 230 dólares, una suma insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica, valorada en 663 dólares. Esta precariedad ha alimentado una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de América Latina, con una cuarta parte de la población considerando la posibilidad de migrar por razones económicas.

Una encrucijada que demanda soluciones estructurales

Desde una perspectiva progresista, que prioriza el bienestar humano y el análisis estructural sobre la retórica política, la evidencia indica que atribuir la crisis exclusivamente a un solo factor es un ejercicio simplista, un infantilismo de izquierda en pleno siglo XXI. Tanto las sanciones internacionales como los modelos económicos y la gestión gubernamental interna han coadyuvado a una misma tragedia humanitaria. Las sanciones, particularmente las financieras y petroleras, han actuado como un catalizador y multiplicador de choques externos, estrangulando los ingresos en divisas y el acceso a créditos y materias primas internacionales. Paralelamente, problemas estructurales profundos, como la dependencia monoexportadora (dependencia de un solo producto o reducido grupo de exportaciones), la falta de inversión en infraestructura crítica y la corrupción, han minado la capacidad humana de adaptarse positivamente frente a la adversidad, el trauma, la tragedia o el estrés significativo de ambas sociedades durante décadas. ¿Esto puede cambiar sin injerencia externa? Claro que sí. Los pueblos, como mandantes de su gobierno, son los únicos responsables del destino que escogen para su soberanía.

Conclusión: hacia un enfoque multifacético

La solución a estas crisis multidimensionales requiere, por tanto, de un enfoque igualmente multifacético. Cualquier camino viable hacia la recuperación debe incluir necesariamente una reevaluación de las políticas sancionatorias por su impacto humanitario, junto con reformas económicas internas profundas, transparentes y participativas que prioricen la soberanía alimentaria y energética, la diversificación productiva y, sobre todo, el bienestar de la ciudadanía. El futuro de millones de cubanos y venezolanos depende de que los actores responsables, tanto nacionales como internacionales, logren trascender el conflicto político inmediato para colocar la dignidad humana en el centro de la ecuación.

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