EL PULSO ENTRE PARTIDOS Y ÓRGANOS ELECTORALES

Berna | Suiza 

— La relación entre los partidos políticos y los organismos electorales de la República Dominicana —principalmente la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE)— ha vuelto al centro del debate nacional. Las denuncias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por supuestas interferencias en su vida interna, sumadas a la intimación reciente contra la Fuerza del Pueblo (FP) tras la manifestación del 30 de noviembre, avivan una pregunta crucial:

¿Dónde termina la supervisión necesaria y dónde comienza la intromisión indebida?

Responderla es indispensable para medir la salud institucional del país y prever hacia dónde se encamina la democracia dominicana.

Una línea cada vez más difícil de distinguir

Los órganos electorales están facultados para garantizar que los partidos funcionen con transparencia, apego a la ley y mecanismos democráticos internos. No obstante, en los últimos años sus intervenciones se han multiplicado: validación de estatutos, arbitraje de conflictos por padrones, supervisión de congresos internos, decisiones sobre elecciones partidarias y disputas por liderazgo.

Para unos, esto constituye un avance en la institucionalidad. Para otros, una judicialización excesiva de la política que suple —o sustituye— la deliberación interna.

Lo cierto es que la tensión sigue creciendo.

La denuncia del PLD: síntoma de un problema más profundo

El PLD sostiene que existe una tendencia a intervenir procesos internos de forma desproporcionada. Afirma que muchas decisiones de la JCE y el TSE limitan su autonomía y afectan su organicidad.

Pero el debate excede a un partido en particular. Sino que  señala un fenómeno estructural: los partidos dominicanos no han logrado consolidar instituciones internas fuertes, y ese vacío lo ocupan los órganos electorales.

Partidos débiles, árbitros fuertes

La intervención externa no ocurre en un vacío. A menudo responde a:

• padrones inconsistentes,
• asambleas cuestionadas,
• conflictos internos irresueltos,
• liderazgo fragmentado,
• falta de transparencia en los procesos organizativos.

En ese terreno frágil, los árbitros resultan indispensables. Sin embargo, el riesgo es evidente: los partidos dependen cada vez más de los tribunales, y los tribunales, al intervenir más, debilitan aún más a los partidos.

Se forma así un círculo vicioso que erosiona la autonomía política.

¿Quién pierde? La democracia

La intervención constante tiene consecuencias profundas:

1. Debilita la autonomía partidaria, columna vertebral del pluralismo democrático.
2. Erosiona el liderazgo interno, desplazando la toma de decisiones hacia instancias judiciales.
3. Aumenta la polarización, porque cada decisión se interpreta políticamente.
4. Desconecta a la ciudadanía, que percibe una política excesivamente judicializada.

Cuando las disputas partidarias terminan en manos de tribunales y no en mecanismos democráticos internos, la democracia pierde su capacidad natural de autorregulación.

¿Regulación o exceso? El equilibrio necesario

Los órganos electorales deben cumplir su mandato constitucional sin convertirse en actores políticos. Y los partidos deben entender que la transparencia no es opcional: es un requisito para la confianza pública.

El equilibrio exige:

• Reglas claras y conocidas por todos.
• Procesos internos fuertes, democráticos y verificables.
• Órganos electorales prudentes, imparciales y proporcionales en sus actuaciones.
• Un sistema político que priorice la institucionalidad sobre la confrontación.

El reto, para árbitros y partidos, es superar la lógica de sospecha permanente. La democracia dominicana necesita árbitros confiables y partidos robustos. Sin ambos, el sistema seguirá atrapado entre la supervisión necesaria y la intromisión temida.