El Gobierno de España confirma una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular

  Madrid | España

– La medida, anunciada tras el Consejo de Ministros, beneficiará a cerca de medio millón de personas que ya residen en el país y busca ofrecer seguridad jurídica e integración laboral

El Gobierno de España confirmó oficialmente este martes la aprobación de una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una medida de amplio alcance social que permitirá acceder a permisos de residencia y trabajo a quienes ya viven en el país desde antes de finales de 2025.

La decisión fue ratificada tras el Consejo de Ministros y comunicada públicamente por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien defendió la iniciativa como un acto de responsabilidad institucional y de garantía de derechos.

«Retomamos el proceso de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, que fue tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que había quedado bloqueada durante meses», afirmó Saiz en rueda de prensa.

Una regularización por Real Decreto

La regularización se aprobará mediante Real Decreto, lo que permite su aplicación directa sin necesidad de una convalidación inmediata en el Parlamento. Según estimaciones oficiales y de organizaciones sociales, la medida podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas migrantes que ya se encuentran integradas en el tejido social y económico del país.

Entre los requisitos principales figuran haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar una permanencia mínima continuada y carecer de antecedentes penales. Durante la tramitación, se suspenderán los procedimientos de expulsión y se concederá una autorización provisional de residencia y trabajo.

«Es un día histórico para garantizar derechos y ofrecer oportunidades a personas que ya forman parte de nuestra sociedad», subrayó la ministra.

Contexto político y social

Aunque la confirmación oficial partió del Ejecutivo, el anuncio del acuerdo político fue adelantado un día antes por Podemos, formación que llevaba meses impulsando una regularización extraordinaria a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la sociedad civil.

El Gobierno sostiene que la medida no responde a un «efecto llamad», sino a una realidad estructural del mercado laboral y demográfico, además de una necesidad de ordenar jurídicamente la migración existente.

«El Estado actúa con responsabilidad cuando regula la migración y no cuando mira hacia otro lado», concluyó Saiz.

Próximos pasos

Está previsto que el plazo para presentar solicitudes se abra en los próximos meses, una vez se publique el decreto y se detallen los procedimientos administrativos. El Ejecutivo insiste en que la regularización se hará con criterios claros, verificables y transparentes.