Ángel Lockward acusa al Gobierno dominicano de fraude procesal y denuncia 559 pruebas ilegales en el caso Calamar

Santo Domingo| R.D.

— El abogado Ángel Lockward criticó al Gobierno dominicano y lo acusó de fraude procesal por la forma en que se ha manejado el caso Calamar, aún en curso. Según sus declaraciones, gran parte de la acusación se sustenta en un informe elaborado por una Unidad Antifraude que no existía legalmente, lo que —a su juicio— evidencia maniobras políticas y judiciales dirigidas a la persecución de determinados actores. Estas críticas fueron realizadas el 6 de febrero de 2026.

En agosto de 2022, Lockward presentó un recurso de nulidad contra dicho informe, argumentando que la unidad no estaba contemplada en ninguna ley, reglamento ni en el organigrama de la Contraloría General de la República. Asimismo, sus abogados interpusieron una excepción de inconstitucionalidad.

Tanto el Ministerio de Administración Pública como la Contraloría confirmaron que la referida unidad no contaba con presupuesto ni inspectores al momento de la elaboración del informe. Pese a ello, el documento fue utilizado para sometimientos judiciales y arrestos, lo que, según Lockward, constituye un fraude procesal deliberado.

El Gobierno intentó posteriormente legalizar la unidad mediante el decreto 382-25, cinco años después de la elaboración del informe, pasando por alto lo establecido en la Ley 247-12, lo que —según el abogado— invalida los argumentos de la acusación.

Como consecuencia, 559 pruebas contenidas en el expediente dependen directamente de ese informe, lo que demostraría que el caso Calamar se construyó sobre documentos y estructuras creadas artificialmente con fines de persecución judicial y política.