OCDE y República Dominicana: ¿desarrollo real o nueva carga para los mismos de siempre?

Berna | Suiza 

— La firma del memorándum con la OCDE abre una oportunidad histórica para República Dominicana, pero también expone el riesgo de reformas fiscales desiguales y una modernización sin justicia social.

«No hay progreso sin justicia, ni desarrollo sin equidad.» — Adaptación del pensamiento de Juan Pablo Duarte

La reciente firma del memorándum de entendimiento entre la República Dominicana y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), suscrito en París por el canciller Roberto Álvarez y el secretario general del organismo, Mathias Cormann, en presencia del presidente Luis Abinader, ha sido presentada por el Gobierno como un paso histórico hacia la modernización institucional del país.

Desde la narrativa oficial, este acuerdo acerca a la nación al llamado “club de los países desarrollados”, una etiqueta políticamente poderosa que fortalece la imagen internacional del Gobierno y refuerza el discurso de estabilidad, transparencia y eficiencia administrativa.

Sin embargo, detrás del simbolismo diplomático y de la fotografía en París, existe una realidad mucho más compleja. Ingresar a la OCDE no significa únicamente acceder a una mesa de prestigio internacional; implica someter al país a profundas reformas fiscales, estructurales e institucionales que podrían generar importantes costos sociales y políticos.

La verdadera pregunta no es si República Dominicana desea entrar a la OCDE, sino si está realmente preparada para asumir las consecuencias de esa aspiración.

Modernización sí, pero no a cualquier precio

El memorándum contempla cooperación en áreas fundamentales como gobernanza pública, transparencia institucional, medioambiente, educación, política económica, fortalecimiento fiscal y lucha contra la corrupción.

Sobre el papel, el acuerdo luce impecable. Nadie podría oponerse a mayores niveles de transparencia, mejores instituciones o una administración pública más eficiente.

El problema surge cuando esa modernización comienza a traducirse en reformas fiscales que históricamente han recaído sobre los mismos sectores: la clase media, los asalariados formales y los pequeños empresarios.

La OCDE exige sistemas tributarios más sostenibles, amplios y transparentes. En la práctica, esto suele significar reducción de exenciones fiscales, ampliación de la base impositiva, revisión de subsidios y mayor control del gasto público.

La dificultad no está en reformar, sino en determinar quién pagará la factura.

En República Dominicana persiste un temor legítimo: que la llamada modernización fiscal termine siendo otra cirugía económica sin anestesia para los mismos de siempre, mientras los grandes privilegios fiscales permanecen intactos.

La pregunta sigue siendo inevitable: ¿se busca corregir desigualdades o simplemente recaudar más sin tocar a los sectores históricamente protegidos?

Costa Rica: el espejo que incomoda

Muchos sectores presentan la adhesión a la OCDE como un proceso natural, pero omiten una comparación esencial: el caso de Costa Rica.

Costa Rica ingresó a la OCDE en 2021 después de ejecutar más de veinte reformas estructurales profundas que incluyeron modernización tributaria, reforma laboral, fortalecimiento institucional, mejora regulatoria, disciplina fiscal y mayor competencia económica.

No era un país perfecto, pero sí contaba con una mayor fortaleza institucional, mejor independencia judicial y menores niveles de percepción de corrupción estructural.

República Dominicana enfrenta todavía desafíos mucho más profundos: clientelismo político, discrecionalidad presupuestaria, fragilidad institucional, alta informalidad económica y una cultura persistente de impunidad selectiva.

Costa Rica entró reformando. República Dominicana parece querer entrar negociando.

Y esa diferencia no es menor: es determinante.

La corrupción no desaparece con una firma

Paradójicamente, mientras el Gobierno presenta este memorándum como una prueba de institucionalidad, la propia OCDE ha señalado debilidades importantes en materia de financiamiento político, control disciplinario de funcionarios, integridad del Ministerio Público y aplicación efectiva de normas anticorrupción.

El problema dominicano no es la falta de leyes; es la falta de consecuencias.

Firmar en París no elimina la percepción ciudadana de que la justicia sigue funcionando a distintas velocidades y que la impunidad continúa dependiendo de quién ostenta el poder.

La pregunta incómoda permanece: ¿puede hablarse de estándares OCDE cuando todavía persiste una justicia selectiva?

Soberanía o subordinación elegante

Otro debate relevante gira en torno al margen real de autonomía nacional.

Entrar en la lógica OCDE implica aceptar supervisión técnica constante, revisiones periódicas y presión internacional sobre decisiones fiscales, regulatorias e institucionales.

Eso puede fortalecer la gobernanza, pero también puede abrir la puerta a una dependencia tecnocrática peligrosa, donde las decisiones nacionales comiencen a justificarse no por las necesidades del pueblo, sino por la aprobación de informes internacionales.

La modernización no puede convertirse en obediencia automática.

No se trata de rechazar estándares de calidad, sino de impedir que cada medida impopular termine resumida en una frase demasiado conveniente: “así lo exige la OCDE”.

La modernización no puede ser un castigo

En el corto plazo, el principal beneficiado político parece ser el Gobierno. La firma fortalece la imagen internacional del presidente Luis Abinader, consolida su narrativa reformista y ofrece capital político en medio de un contexto que exige resultados concretos.

También gana el gran sector empresarial exportador y los inversionistas que buscan mayor previsibilidad jurídica.

Pero para el ciudadano común, los beneficios no serán inmediatos.

Lo que sí podría llegar primero serían nuevos impuestos, reducción de subsidios, ajustes impopulares y una mayor presión fiscal sobre sectores que ya sostienen gran parte del peso tributario nacional.

Ahí está el verdadero riesgo.

El memorándum con la OCDE puede convertirse en una oportunidad histórica para transformar el Estado dominicano o en una sofisticada herramienta de presión sobre una sociedad que ya convive con una profunda desigualdad estructural.

Todo dependerá de su implementación.

Si sirve para desmontar privilegios, fortalecer instituciones y hacer más justo el sistema tributario, será un avance auténtico.

Pero si termina siendo la excusa elegante para aumentar impuestos sin tocar la corrupción ni desmontar los privilegios tradicionales, entonces no estaremos entrando al club del desarrollo.

Simplemente estaremos pagando una membresía internacional con el bolsillo de la clase media.

Porque un país no se desarrolla firmando acuerdos en París.

Se desarrolla cuando la justicia fiscal, la transparencia y la dignidad también llegan al barrio.