La libertad de prensa se debate entre la modernización legal y la tentación del control

Berna, Suiza  — En la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley cuyo objetivo es regular la libertad de expresión y medios audiovisuales, con la evidente debilidad e inmadurez institucional que existe el país, surge el debate urgente: ¿modernización necesaria o intento velado de control informativo?

La propuesta, que contempla la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (INACOM) y la derogación de la emblemática Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, plantea —en principio— una revisión normativa ajustada a los nuevos tiempos, las plataformas digitales y las complejidades del ecosistema comunicacional actual. Hasta aquí, el argumento oficial parece legítimo y razonable e incluso deseable.

Sin embargo, en política y democracia, las formas son tan importantes como el fondo. Y es en la forma donde emergen las señales de alerta. En un contexto marcado por la hiperconectividad, la polarización y la desinformación, cualquier iniciativa que toque la libertad de prensa debe ser construida con transparencia, consenso amplio y garantías explícitas. De lo contrario, se corre el riesgo de erosionar un derecho que es columna vertebral de la vida democrática.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, no exagera cuando afirma que “el control de la información, incluso de manera sutil, es el primer paso hacia la manipulación del discurso público”. Más aún, advierte que “la censura no solo se da de manera abierta, sino también de formas más sofisticadas y sutiles, como la autocensura inducida por amenazas o incentivos”. Estas palabras son claro   llamado a la vigilancia colectiva.

Es fundamental recordar que los marcos legales no son neutrales. Su redacción, interpretación y aplicación pueden abrir puertas peligrosas si no están blindadas contra el abuso. La creación de un organismo regulador, por ejemplo, no es en sí misma una amenaza, pero ¿quién lo dirige, con qué independencia y bajo qué criterios se fiscalizará el contenido?

En sociedades democráticas maduras, el rol del Estado no es controlar la prensa, sino garantizar que esta opere en libertad, con responsabilidad y con protección institucional frente a cualquier forma de represión directa o indirecta. Cualquier intento por debilitar este equilibrio debe se ser resistido con firmeza y determinación por periodistas, medios, ciudadanía y oposición política.

Desde ambitoglobal.com, sostenemos que la modernización legislativa es necesaria. Pero también advertimos que una ley que no nazca del consenso, del respeto a las libertades fundamentales y del diálogo abierto con los actores del ecosistema mediático, estará condenada al rechazo social y al descrédito democrático.

No se puede reformar el derecho a comunicar desde el poder, sin escuchar a quienes comunican. Porque donde la prensa es limitada, la democracia se contrae.