LA DEMOCRACIA VACIADA POR CASTAS INMERECIDAS: Plutocracia y la urgencia de una alternativa

Zürich | Suiza

– Hace más de un siglo, Vladimir Lenin afirmó en El Estado y la Revolución que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Esta idea, lejos de ser una reliquia teórica, ofrece la clave para descifrar el funcionamiento real del poder en nuestra época.

Los casos como el del SENASA y el narcotráfico encubierto por todos los colores políticos son los “aguinaldos” que, en esta Navidad, deberían despertarnos decididos y convencidos: ante estas repetidas muestras de un sistema agotado, es imperativo construir una nueva alternativa. Estos escándalos no son fallas del sistema, ni un caso más de corrupción o crimen de lesa humanidad, sino su lógica de funcionamiento esencial, su naturaleza: la conversión de la política en un negocio privado para una minoría.

En los Estados Unidos, este patrón se ha institucionalizado. El análisis de economistas como Robert Reich sobre la creciente oligarquía y agendas como el “Proyecto 2025” revelan un proyecto deliberado para desmantelar regulaciones públicas y consolidar el gobierno del gran capital, disfrazado bajo una democracia electoral.

Esta dinámica se exporta e impone en América Latina. En la República Dominicana, el saqueo de miles de millones destinados a salud y educación a través de entramados como el del SENASA, lejos de ser una corrupción excepcional, es la evidencia palpable de un Estado capturado por intereses plutocráticos. La opacidad en el manejo de estos fondos, donde las auditorías a menudo no logran cuantificar la totalidad del desvío, es en sí misma un mecanismo de la plutocracia para operar en la impunidad. Estas redes forman parte de una economía criminal global que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) estima en billones de dólares anuales, un negocio de escala planetaria que sustrae los recursos de la mayoría, gente de escasos recursos.

En otras latitudes, el mecanismo opera bajo el disfraz de la tecnocracia. En Ecuador, el llamado “modelo oligárquico-neoliberal” combina la austeridad dictada por el FMI con la persecución judicial de la disidencia, vaciando la democracia de contenido real mientras se protegen los privilegios económicos.

Las consecuencias para las mayorías son devastadoras y transversales: estancamiento salarial crónico, desmantelamiento de derechos laborales y sociales, y el abandono del Estado a su papel de garante del bien común. La desigualdad resultante no es un efecto colateral, sino el resultado directo de este modelo.

Pero ¿quiénes son los verdaderos dueños de este negocio? La plutocracia no es un grupo secreto, sino una alianza visible entre el capital monopolista transnacional y las élites políticas locales que le sirven de intermediarias. Son los magnates de la tecnología y la energía, los fondos de inversión que deciden el futuro de países enteros, los grandes consorcios mediáticos que difunden el relato y moldean el consenso, los conglomerados financieros que especulan con la deuda y los alimentos, así como quienes han logrado movilidad social por conseguir grandes cantidades de dinero y bienes materiales y se autodesclasan. En el Sur global, se suman los grupos económicos tradicionales —agroexportadores, megaconsultoras, contratistas del Estado— y una nueva casta de políticos profesionales que han convertido los partidos en vehículos para administrar, no el bien común, sino los flujos de capital hacia ellos y sus socios. Su poder no conoce banderas ni ideologías más allá del balance final; su patria es el mercado y su ley, la acumulación.

Frente a esta realidad, la resignación o el cíclico cambio de administradores dentro del mismo sistema de partidos, liderazgos y reglas del juego son callejones sin salida. Como argumentó Lenin, la transformación radical exige la construcción de un poder popular que dispute el control sobre los recursos y decisiones. El camino comienza al nombrar esta realidad: nuestras democracias formales son, en esencia, la gestión política de los negocios de una plutocracia.