LA CORRUPCIÓN VISTA DESDE EL ÁNGULO DE LA SELECTIVIDAD CLASISTA

Zürich | Suiza

– La corrupción, tal como se manifiesta en la República Dominicana, no es más que otro modo de expropiación de los recursos pertenecientes a la clase y a los sectores menos pudientes, por medio de actores de los ámbitos político, empresarial y fáctico, utilizados como desviadores de bienes al servicio y enriquecimiento del capital o del sistema burgués. Esta máquina de saqueo institucionalizado funciona con una selectividad que delata su verdadero fin: proteger los intereses de una élite mientras castiga ejemplarizantemente a los eslabones más débiles de su propia cadena.

El perfil de clase y los apellidos de los implicados son el primer filtro que determina su destino judicial. Por un lado, están los funcionarios de procedencia de capas sociales medias y con apellidos no rimbombantes. Estos son perseguidos con todo el rigor y sometidos al cumplimiento más extremo de medidas de coerción, como la prisión preventiva por largos períodos. Por otro lado, están apellidos como Macarrulla, Veras o Gómez —vinculados a casos como el del INTRANT— y otros de empresarios y familias ricas conectadas a los casos más emblemáticos, como el de SENASA. Para ellos, el escrutinio es menor, el proceso es más lento y se negocian acuerdos privilegiados, actuando su estatus como un escudo jurídico de facto.

Las medidas de coerción aplicadas dibujan con crudeza este mapa de la desigualdad. Para los primeros, se emplean allanamientos de madrugada, arrestos humillantes y encarcelamiento preventivo prolongado, una táctica de escarmiento público. En cambio, para los segundos, vinculados a la élite económica y al círculo de cercanía al presidente gobernante, el proceso es discreto, las medidas son menos severas y rara vez se les ve tras las rejas. Esta diferencia no responde a la gravedad objetiva del delito, sino al capital social, los contactos y el apellido del implicado.

El destino final de las causas judiciales consolida esta jerarquía. Mientras un exfuncionario de clase media puede pasar años en prisión preventiva, las investigaciones que apuntan a los grandes beneficiarios económicos de los desfalcos, aquellos con apellidos de peso y vínculos con casos como el SENASA y el INTRANT, suelen estancarse o avanzar con una lentitud cómplice. Los megacasos de corrupción, que desvían recursos de los más pobres, siguen sin producir condenas contundentes contra sus principales operadores y socios del sector privado, enviando un mensaje claro de impunidad para la clase alta.

El daño social de esta corrupción selectiva es doble. Primero, porque el dinero sustraído casi siempre proviene de programas sociales, robando directamente el futuro de los más vulnerables. Segundo, porque esta selectividad judicial convierte a las clases medias y bajas en chivos expiatorios, mientras absuelve simbólicamente a los más ricos, perpetuando el mito de que la corrupción es un problema exclusivo del sector público y de ciertos estratos sociales, nunca de la élite económica que a menudo la orquesta.

Las sentencias, cuando llegan, son el reflejo final de esta lógica. Para el ciudadano común, la cárcel es casi una certeza. Para la corrupción de gran escala que involucra a la clase alta y a apellidos empresariales prominentes en los casos emblemáticos, las condenas son la excepción y suelen ser simbólicas, negociadas o cumplidas en condiciones de privilegio. El sistema judicial se convierte así en un teatro que escenifica un combate limitado a ciertos actores, mientras protege los intereses y el honor de los apellidos poderosos, consolidando una justicia de dos velocidades.

Desde una perspectiva crítica y antisistémica, esta dinámica revela que la lucha anticorrupción, tal como está diseñada, es un instrumento para mantener el statu quo. No busca desmantelar los mecanismos de enriquecimiento ilícito, sino administrarlos y redirigirlos. La alternativa real exige cuestionar la concentración misma del poder económico y político, y luchar por una justicia que no solo castigue al pez pequeño, sino que tenga la voluntad y la independencia para pescar en aguas de los más poderosos, donde anida la corrupción estructural.