EL IMPUESTO AL SILENCIO: ¿por qué la clase media sigue pagando la factura?

Berna | Suiza 

— El crecimiento económico que celebra el Estado contrasta con una presión fiscal silenciosa que erosiona el poder adquisitivo de la clase media dominicana.

El espejismo de los números

Cada vez que el Banco Central anuncia crecimiento del PIB, la narrativa oficial celebra. Las gráficas suben, los porcentajes sonríen y los discursos se llenan de optimismo. Sin embargo, basta entrar a un supermercado para que ese entusiasmo se desvanezca. Allí, frente a los anaqueles, el ciudadano experimenta algo muy distinto: un decrecimiento real de su bolsillo.

La paradoja es evidente. La economía “crece”, pero la gente no lo siente. Y no se trata únicamente de inflación importada o de choques externos. Existe una decisión interna del Estado que convierte la inflación en un impuesto oculto, silencioso y persistente. La no aplicación de la indexación salarial y tributaria constituye, en los hechos, un incumplimiento del contrato social.

Una ley congelada desde 2017

El Código Tributario dominicano es claro: los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), especialmente el tramo exento, deben ajustarse conforme a la inflación. No es una recomendación técnica ni una sugerencia política; es un mandato legal.

Sin embargo, desde 2017 ese ajuste ha sido congelado año tras año mediante disposiciones incluidas en el Presupuesto General del Estado. Casi una década en la que la ley existe, pero no se cumple.

La consecuencia es directa: el Estado recauda más sin haber aprobado formalmente un aumento de impuestos. La inflación hace el trabajo silencioso y la clase media paga la diferencia.

El “efecto succión”: cuando el Estado gana y el ciudadano pierde

Los economistas lo denominan fiscal drag. En términos simples, es un efecto de succión. Los salarios aumentan nominalmente para compensar la inflación, pero como los tramos impositivos permanecen fijos, el trabajador termina pagando más impuestos, aun cuando su poder adquisitivo sea igual o incluso menor.

Así, la clase media no solo enfrenta el alza del pollo, la electricidad o el transporte. También se enfrenta a un Estado que toma una porción mayor de un pastel que, en realidad, no ha crecido. Es como intentar llenar un cubo con una perforación lenta pero constante: el esfuerzo existe, el progreso no.

La deuda política de la “nueva política”

Aquí aparece la incoherencia. En campaña se promete alivio fiscal, justicia social y apoyo a la clase media. En el poder, se preserva el estatus quo.

Ni el gobierno actual ni buena parte de la oposición han querido asumir el costo político de cumplir la ley y ajustar los tramos del ISR. La clase media —ese voto silencioso que suele decidir elecciones— queda atrapada: no recibe subsidios directos como los sectores más vulnerables, pero soporta una presión fiscal creciente que erosiona su estabilidad.

Es una deuda política que se acumula y que, tarde o temprano, se cobrará en las urnas o en la calle.

Hacia un nuevo pacto social

Este debate no es solo sobre cifras; es sobre justicia. La indexación no debería ser una concesión discrecional del gobierno de turno, sino un derecho recuperado y respetado.

Un país no puede sostener su crecimiento drenando, año tras año, la capacidad de consumo y ahorro de su clase media. Porque un país que crece sobre las costillas de su clase media es un país que hipoteca su estabilidad futura.