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Definir al candidato presidencial del PLD es imperativo

por | 24/02/2025

Escribe Milton Jimenez

24/02/2025

  Berna|Suiza 

En el complejo escenario político de la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) enfrenta una disyuntiva que podría definir su futuro electoral y determinar su capacidad para competir con éxito en las elecciones presidenciales de 2028. La necesidad de estructurar una propuesta política sólida y de definir su liderazgo es inminente, pues, de lo contrario, corre el riesgo de quedar relegado en la contienda electoral. 

Con los plazos establecidos por la Ley 33-18 acercándose rápidamente y las advertencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la legalidad del proceso, el PLD se encuentra en la obligación de definir su candidato presidencial a la mayor brevedad posible si quiere evitar el ostracismo político. Mientras tanto, sus principales adversarios han avanzado significativamente en la consolidación de sus proyectos electorales. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde el gobierno, ejecuta estrategias para retener el poder más allá del final de la legislatura del presidente Luis Abinader, utilizando su maquinaria estatal para fortalecer su base electoral. Por su parte, la Fuerza del Pueblo (FP) ha consolidado la candidatura del expresidente Leonel Fernández Reina, quien, con su liderazgo indiscutible dentro del partido, no parece dispuesto a ceder la oportunidad a otra figura emergente. Asimismo, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ya ha definido su candidatura en la figura de Miguel Vargas Maldonado, quien mantiene el control de lo que queda de la histórica organización. Ante este panorama, el PLD no tiene margen de maniobra: debe definir su candidato cuanto antes para evitar un estado de incertidumbre que erosione aún más su posicionamiento político y electoral. 

La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en su artículo 46, párrafo II, que los partidos que opten por primarias deben realizarlas a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral, mientras que otras modalidades de selección tienen hasta el último domingo del mismo mes. Además, el artículo 53 indica que las candidaturas seleccionadas deben ser registradas ante la Junta Central Electoral (JCE) en un plazo no mayor de quince días laborables. 

El TSE ha advertido al PLD sobre la necesidad de cumplir con estos procedimientos, asegurando que cualquier intento de selección fuera del marco normativo podría ser objeto de impugnaciones legales. Esto pone al partido en una situación de urgencia, donde cada decisión debe tomarse con extrema cautela. 

Por consiguiente, optar por definir su candidato presidencial con prontitud le otorgaría al PLD una serie de beneficios estratégicos, entre los que destacan: 

  1. Mayor tiempo para posicionamiento: Un candidato definido con antelación puede trabajar en su imagen, consolidar su discurso y conectar con el electorado antes de la contienda, evitando la desventaja de empezar la carrera tarde. 
  2. Unidad y estabilidad interna: La selección oportuna del candidato evita divisiones prolongadas dentro del partido y permite una mejor cohesión entre sus líderes y bases, evitando conflictos internos que puedan debilitar la estructura partidaria. 
  3. Ventaja en la construcción de alianzas: Con un candidato ya establecido, el PLD podrá negociar acuerdos estratégicos con otros partidos y movimientos antes de que se definan las alianzas de sus adversarios, aumentando sus posibilidades de éxito electoral. 
  4. Mejor planificación de campaña: Contar con más tiempo permite estructurar un plan de campaña sólido, definir estrategias de comunicación y movilización, y garantizar un financiamiento adecuado, elementos clave para una contienda electoral exitosa. 
  5. Evitar sanciones o conflictos legales: Definir el candidato dentro del marco legal evita enfrentamientos con la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), asegurando que la candidatura no sea impugnada y que el partido pueda concentrarse en la competencia electoral sin contratiempos legales. 

El PLD tiene varias alternativas dentro del marco legal para ajustarse a la ley y evitar futuras controversia e impugnaciones:   

  1. Primarias abiertas o cerradas: Realizar una elección interna con supervisión de la JCE, lo que garantizaría legitimidad y transparencia. 
  2. Convención de delegados o encuestas: Utilizar métodos alternativos que respeten los estatutos partidarios y los plazos de la ley. 
  3. Reservas de candidaturas para alianzas estratégicas: Aprovechar el porcentaje permitido por la ley para consolidar acuerdos con otras fuerzas políticas y fortalecer su candidatura. 

Si bien la normativa establece plazos estrictos, existen alternativas estratégicas no contempladas en la ley que el PLD podría emplear como estrategia política para minimizar riesgos y definir su candidato antes del tiempo límite: 

  1. Acuerdo de consenso interno: El Comité Político y el Comité Central podrían unificar criterios para elegir un candidato de manera interna antes del proceso oficial. 
  2. Encuestas privadas como preselección: Medir el respaldo de los principales aspirantes entre la militancia y definir un favorito antes de la selección formal. 
  3. Designar un “pre-candidato oficial”: Presentar una figura de liderazgo que actúe como candidato de facto mientras se formaliza el proceso interno. 

Un ejemplo de maniobra política efectiva lo protagonizó la Fuerza del Pueblo (FP) en 2019. Tras la crisis interna del PLD y la posterior salida de Leonel Fernández, la FP logró consolidar rápidamente su candidatura presidencial gracias a una estructura interna bien organizada y el uso estratégico de alianzas políticas. Esta experiencia demuestra que un partido con voluntad y compromiso democrático puede superar obstáculos legales y estructurales con planificación y consenso.  

El PLD no puede mantener mas tiempo la incertidumbre ni debe postergar más la selección de su candidato presidencial. El tiempo apremia, y cualquier retraso adicional podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a sus rivales. Ya sea dentro del marco legal o mediante estrategias políticas no contempladas en la ley, el partido debe actuar con rapidez para garantizar su relevancia en las elecciones de 2028. En política, el que duda, pierde, y el PLD no puede darse el lujo de cometer ese error. 

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