Avalancha en Ceuta: defender una frontera no puede significar renunciar al Estado de derecho

Berna | Suiza 

   La presión migratoria pone a prueba la capacidad de España para proteger la frontera exterior de la Unión Europea sin debilitar los principios jurídicos que sustentan su democracia 

«La medida de una sociedad se encuentra en la forma en que trata a sus miembros más vulnerables.» Esta reflexión, atribuida al pensador Mahatma Gandhi, mantiene plena vigencia ante cada crisis migratoria que enfrenta Europa.

La reciente presión migratoria registrada en la frontera de Ceuta ha vuelto a colocar sobre la mesa uno de los debates más complejos de nuestro tiempo: ¿hasta dónde puede llegar un Estado para proteger sus fronteras sin comprometer los derechos fundamentales de quienes intentan cruzarlas?

España ocupa una posición singular. No solo protege su territorio nacional, sino que custodia una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea. Esa responsabilidad implica combatir las mafias dedicadas al tráfico de personas, preservar la seguridad fronteriza y garantizar el orden público. Pero también exige cumplir la Constitución española, la legislación europea y los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de refugiados.

Ese equilibrio constituye el verdadero desafío.

Todo depende desde el cristal con que se mire 

Quienes analizan la situación únicamente desde una perspectiva humanitaria suelen olvidar que ningún Estado puede renunciar al control de sus fronteras. Del mismo modo, quienes reducen el problema exclusivamente a una cuestión de seguridad ignoran que detrás de cada migrante existe una historia personal marcada, en muchos casos, por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades.

La política migratoria moderna debe ser capaz de responder a ambas realidades.

España ha desarrollado durante años un modelo basado en cinco pilares: vigilancia fronteriza, cooperación con Marruecos, asistencia humanitaria, identificación individual y procedimientos administrativos previstos en la Ley de Extranjería.

Sin embargo, la creciente presión migratoria ha puesto a prueba ese modelo.

La evolución de la jurisprudencia

Uno de los aspectos que más ha evolucionado en los últimos años es la interpretación judicial sobre las denominadas «devoluciones en caliente».

Las resoluciones de los tribunales han insistido en reforzar las garantías individuales cuando la interceptación se produce fuera de los supuestos estrictamente previstos para el rechazo en frontera, recordando que toda actuación administrativa debe respetar el debido procedimiento, especialmente cuando existen posibles solicitantes de asilo, menores de edad o personas especialmente vulnerables.

Esta evolución no supone impedir el control migratorio, sino recordar que incluso en situaciones de elevada presión fronteriza el Estado de derecho continúa plenamente vigente.

Precisamente ahí reside la fortaleza de una democracia consolidada: en ser capaz de hacer cumplir la ley sin dejar de respetar la ley.

Marruecos: socio imprescindible y pieza estratégica

Resulta imposible analizar la realidad de Ceuta sin comprender el papel que desempeña Marruecos.

La cooperación bilateral en materia policial, el intercambio de información y la coordinación operativa se han convertido en elementos esenciales para reducir la actividad de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

Asímismo, esa colaboración también ha generado un intenso debate político sobre el grado de dependencia que España mantiene respecto a las decisiones adoptadas por Rabat en materia migratoria.

La frontera sur europea se ha convertido, además de un espacio humanitario, en un escenario de enorme importancia geopolítica.

Los menores: una obligación jurídica y moral

Uno de los consensos más sólidos dentro del derecho internacional afecta a la protección de los menores de edad.

Su identificación, protección y atención especializada no constituyen una opción política, sino una obligación legal derivada tanto de la legislación española como de los tratados internacionales ratificados por España.

La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que cualquier actuación que ignore estas garantías termina generando importantes consecuencias jurídicas e institucionales.

Una frontera que también interpela a Europa

La gestión migratoria en Ceuta no puede recaer exclusivamente sobre España.

La inmigración irregular constituye un desafío europeo que requiere respuestas comunes, financiación suficiente, cooperación internacional eficaz y políticas que combinen seguridad con desarrollo económico en los países de origen.

Mientras persistan profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo, miles de personas continuarán arriesgando su vida en busca de oportunidades.

Ningún muro puede sustituir una política integral de desarrollo y cooperación.

La lección que deja Ceuta

Cada crisis migratoria vuelve a plantear la misma pregunta: ¿es posible proteger las fronteras sin renunciar a los principios democráticos?

La respuesta debería ser afirmativa.

España tiene el derecho y el deber de garantizar la integridad de su territorio y de combatir las redes criminales que se enriquecen traficando con seres humanos.

Pero precisamente porque es un Estado democrático, también tiene la obligación de actuar conforme a la legalidad, respetando el derecho de asilo, las garantías procesales y la protección de los colectivos vulnerables.

La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por su capacidad para controlar sus fronteras.

También se mide por su capacidad para hacerlo sin perder los valores que pretende defender.

Ceuta seguirá siendo una frontera estratégica para Europa. Lo verdaderamente decisivo será que continúe siendo también una frontera donde el Estado de derecho prevalezca sobre la improvisación, la polarización política y las soluciones de corto plazo.

Las reacciones de los socios europeos ante lo sucedido estos días en Ceuta (España) no tardarán en salir a la luz. Países como Italia, Francia o Alemania difícilmente se quedarán de brazos cruzados frente a una avalancha de migrantes en situación irregular que podría terminar dirigiéndose a sus propias fronteras.