CÓDIGO PROCESAL PENAL – CPP. DECISIÓN DE MAYOR TRASCENDENCIA DE LUIS ABINADER. TAYOTA CON O SIN SABOR.

Zürich | Suiza

Una decisión que marca el rumbo de una generación

Tras una vigencia de más de 140 años desde su promulgación en 1884, y más de dos décadas engavetado en el Congreso Nacional, el nuevo Código Penal de la República Dominicana fue aprobado, casi a hurtadillas, en las primeras horas del 31 de julio de 2025. La Cámara de Diputados lo refrendó en segunda lectura y, pocas horas después, el Senado lo convirtió en ley sin análisis ni ajustes, acogiendo en su totalidad el informe de los diputados.

Un código que fue evadido sistemáticamente por todos los gobiernos anteriores, observado y vetado por expresidentes como Leonel Fernández y Danilo Medina, ha llegado finalmente al escritorio del presidente Luis Abinader, quien ahora carga sobre sus hombros la que podría ser la decisión más simbólica de su mandato.

¿Modernización o maquillaje de impunidad?

Desde el oficialismo y sectores afines se celebra la aprobación como una “modernización del sistema penal”. Se destacan avances en la tipificación de delitos como la corrupción administrativa, el lavado de activos y los crímenes cometidos por personas jurídicas, así como la supuesta agilización de procesos judiciales.

Sin embargo, estos méritos técnicos contrastan con críticas sustanciales provenientes de sectores sociales, jurídicos y de derechos humanos. El texto aprobado omite figuras clave, debilita garantías y, lo más preocupante: criminaliza a las víctimas y protege a los agresores, al dejar fuera temas fundamentales como el derecho a decidir de las mujeres en situaciones extremas.

Los políticos actuales, sectores ultra conservadores, misóginos propulsores del retroceso creen en verdad que eliminando conceptos, palabras y desaprobando conquista ya establecidas en el código penal de la agenda progresista tales como el incesto, pederastia, abuso sexual de violación, crimen de odio por género, derecho a decidir de las mujeres, eliminarán el delito. Esa casta política se pone de acuerdo para eliminar por ley tipificaciones del delito que le resultan incómodas y que por su poca capacidad no alcanzan a entender que esos delitos seguirán ocurriendo como interpelación del sistema que ellos protegen, fomentando esos y otros delitos. ¡Presidente Vete ese adefesio!.

Las causales: la batalla moral que divide al país

El punto más controversial es, sin duda, la exclusión de las tres causales que permitirían el aborto en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Este debate, más allá de lo jurídico, ha polarizado a la sociedad dominicana durante años.

Las estadísticas son claras y contundentes: Más de 67,455 abortos registrados desde 2019 (unos 32 diarios), sin contar los centenares realizados clandestinamente, en condiciones insalubres y peligrosas. Entre abril y junio de este año, niñas menores de 15 años abortaron, muchas como resultado de 583 violaciones sexuales y 257 casos de incesto.

Estas cifras no son números fríos: son rostros invisibilizados de un sistema legal que, al cerrarse a la compasión, condena a las víctimas al silencio o a la muerte.

La presión social: un clamor que viene desde casa

La aprobación del código por parte de una mayoría congresual del PRM, partido de gobierno, no ha evitado la presión. Al contrario, la crítica ha escalado a niveles inéditos. La primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas se han pronunciado públicamente, pidiendo el veto presidencial al nuevo código por excluir las causales y otros acápites que confrontan con la constitucionalidad.

Se trata de un clamor que ya no puede ser ignorado: colectivos feministas, organizaciones internacionales, médicos, juristas y voces independientes coinciden en que esta ley es un retroceso legal y moral, una traición a las mujeres un adefesio jurídico protector de delitos inconfesos.

¿Tayota sin sabor o presidente con sazón?

Abinader tiene diez días hábiles para decidir. Puede firmar una ley aprobada por un Congreso plagado de legisladores con vínculos con el crimen organizado, con denuncias de corrupción y motivaciones políticas conservadoras, o puede vetarla y devolverla con observaciones, enviando un mensaje claro de liderazgo ético y empatía social.

Este no es un trámite cualquiera. Es una definición de carácter. Es aquí donde Luis Abinader puede coronar su legado o terminar siendo recordado como “la tayota que pasó por todo el menú y no cogió sabor”. Y la metáfora es válida: insípido, incoloro e intrascendente, si no se atreve a dar un golpe en la mesa cuando más se le necesita.

El adefesio legal y la hipocresía política

Los sectores ultraconservadores que impulsan este código desde la sombra no buscan justicia, sino eliminar del texto penal aquellos delitos que los incomodan. Quieren borrar del lenguaje legal el incesto, la pederastia, el abuso sexual, los crímenes de odio por género y cualquier forma de autodeterminación de las mujeres.

Esos legisladores no legislan por principios, sino por conveniencia. Creen que eliminando palabras, desaparecen los crímenes, cuando en realidad lo que hacen es proteger estructuras patriarcales y reproductoras de violencia. Esta es la esencia del código aprobado: un documento retrógrado, misógino y cómplice del silencio.

Veto o vergüenza

Señor presidente, su suerte está echada. No se trata solo de lo que dice el texto legal, sino del simbolismo histórico de su firma o su veto. Está en juego su coherencia con los valores democráticos que ha proclamado, su compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, su capacidad de representar al pueblo que sufre y espera justicia real.

Vételo, Devuélvalo o Corríjalo.

Porque el pueblo no necesita más excusas ni símbolos vacíos. Necesita un presidente que tenga sazón, que sepa cuándo decir basta, y que tenga el coraje de hacerlo alto y claro.