Ana Julia Quezada vuelve al foco: chantaje sexual, amenazas y escándalo en prisión


Escribe Carmen Valdera
Almería | España
• La madre de Gabriel Cruz denuncia que la asesina de su hijo obtuvo un móvil en prisión para chantajear a funcionarios y que teme por su vida.
— El caso de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, ha vuelto a generar indignación y alarma en la sociedad española y dominicana tras las explosivas revelaciones de la madre del menor, Patricia Ramírez.
En una entrevista concedida al programa «Espejo Público» de Antena 3 este miércoles 6 de mayo, Ramírez denunció que Quezada, quien cumple condena en el centro penitenciario de Brieva, habría obtenido ilegalmente un teléfono móvil, presuntamente facilitado por su pareja sentimental y con la complicidad de un cocinero y un funcionario del penal. La madre del menor explicó que Ana Julia habría utilizado ese dispositivo para grabar encuentros sexuales con al menos dos trabajadores de la prisión con el objetivo de chantajear a la dirección del penal y así lograr su traslado a una cárcel en Barcelona.
La directora del centro, Laura Pérez, confirmó que tuvo conocimiento de dichas grabaciones, que implicaban a personal del penal ingresando a la celda de Quezada. A pesar de que estos hechos han derivado en una investigación interna, Patricia Ramírez expresó su frustración por no haber sido reconocida como acusación particular, a pesar de las amenazas de muerte que asegura haber recibido por parte de la asesina desde la prisión.
«Yo no vivo, no me dejan vivir», dijo con la voz quebrada en televisión, al confesar que teme por su vida y que se siente desprotegida por las instituciones. La situación se agrava con la supuesta participación de Quezada en un proyecto documental sobre el crimen, lo que Ramírez califica como una revictimización inaceptable.
En medio del escándalo, la comunidad dominicana residente en España ha manifestado su más firme rechazo al crimen cometido por Ana Julia Quezada, una conciudadana de origen dominicano. Diversos líderes comunitarios han alzado su voz para expresar su repudio absoluto a los hechos, subrayando que se trata de un acto individual que no representa a la comunidad. Además, han mostrado su preocupación por intentos de estigmatización por parte de algunos sectores que, erróneamente, generalizan el comportamiento de una persona a toda una nacionalidad. “Lo que ella hizo lo condenamos todos, pero no cargaremos con culpas ajenas”, señalaron.
Igualmente, expresan su solidaridad con Patricia Ramírez y reiteran su compromiso con la defensa de las víctimas, la justicia y el respeto a la dignidad humana, sin importar nacionalidad o procedencia.
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