7 PECADO CAPITAL: La herejía de gobernar para los pobres en América Latina

Zürich | Suiza

– Desde la periferia del poder global, una serie de líderes latinoamericanos, activos y retirados, son sistemáticamente señalados. Su transgresión: priorizar el bienestar social sobre la ortodoxia económica y geopolítica del establishment. Su «pecado capital» no es de dogma religioso, sino político: haber demostrado que es posible reducir la miseria con políticas soberanas.

Las cifras, a menudo omitidas en los grandes circuitos mediáticos, son elocuentes. Durante sus mandatos, Lula da Silva sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza extrema; Evo Morales, a 2,5 millones en Bolivia; Rafael Correa, a 1,5 millones en Ecuador, y Daniel Ortega en Nicaragua, a 1,2 millones de personas. Estos resultados, equiparables a milagros sociales en contextos de profunda desigualdad, chocan con el relato dominante que prefiere narrativas de fracaso.

El fenómeno no se limita a éxitos pasados. Gobiernos en ejercicio, como el bolivariano en Venezuela, han mantenido, pese a sanciones asfixiantes y una crisis multifacética, una base de apoyo popular mediante misiones de salud, educación y vivienda. Su resiliencia es, en sí misma, una afrenta para quienes pronosticaban su colapso.

En la misma línea, mandatarios como Gustavo Petro en Colombia, con su agenda de reformas y restitución de tierras, y Andrés Manuel López Obrador en México, cuyos programas sociales han logrado frenar el crecimiento de la pobreza, representan una variante contemporánea de esta misma insumisión. Su objetivo común: administrar los recursos nacionales con una lógica que dista del servilismo a los mercados.

La reacción del poder establecido ha sido predecible y contundente. La acusación genérica de «sedición» o «alta traición» se ha convertido en el estandarte para desacreditar modelos que se atreven a desafiar la sumisión al orden imperial. Estas imputaciones rara vez se sustentan en pruebas jurídicas sólidas, pero se propagan con eficacia en el ecosistema mediático global.

El arsenal de medidas coercitivas se completa con sanciones económicas, bloqueos financieros y campañas de desprestigio internacional, medidas que también han afectado a otros gobiernos con similares propósitos, como el de Cuba y Pepe Mujica en Uruguay. Estas acciones, presentadas como defensa de la democracia, operan en la práctica como castigos ejemplares para disuadir a otras naciones de seguir caminos similares.

La raíz de la agresión no es ideológica en abstracto, sino profundamente material. Estos gobiernos son percibidos como una amenaza concreta porque evidencian que el sistema imperante no es inevitable. Demuestran que la redistribución de la riqueza y la dignidad de los pueblos son posibles, desmontando el mito de que la prosperidad solo llega mediante la obediencia a los dictámenes del capital transnacional.

El verdadero «pecado» de estos líderes es, por tanto, pedagógico. Su ejemplo, imperfecto y con claroscuros, prueba que existen alternativas al consenso neoliberal que mantiene a regiones enteras en la periferia del desarrollo. Son herejías políticas que cuestionan los cimientos de un status quo que se nutre de la desigualdad.

La criminalización de la política social progresista revela la naturaleza del juego: lo que para millones es dignidad, para el poder hegemónico es una blasfemia imperdonable. En el tribunal del colonialismo moderno, gobernar para los de abajo sigue siendo el más grave de los delitos.

La historia de esta «otra América» es, en esencia, la crónica de un castigo por el atrevimiento de poner la vida de la gente por encima del capital. Un pecado que, para sus pueblos, se parece demasiado a una virtud que asume el ejemplo en vida de Jesucristo y su mandato eterno de amor, considerándolo al otro como prójimo.