EN DEFENSA DEL BUEN LEGADO DE MARCHA VERDE

Zürich | Suiza

– El color verde inundó las calles de la República Dominicana en 2017 con una fuerza imparable. No era el color de un partido, sino el símbolo de un hartazgo ciudadano que resonaba en cada rincón del país. La Marcha Verde emergió como el mayor movimiento sociopolítico en la historia nacional, una expresión pura y espontánea de ciudadanos comunes que, sin líderes centralizados, dijeron “basta” a décadas de corrupción e impunidad. Su éxito fue indiscutible: logró unir a religiosos, feministas, colectivos LGBTI, campesinos y clase media bajo una sola demanda, colocó el tema de la corrupción en el centro del debate público y sumió al gobierno de turno en una profunda crisis de credibilidad.

Este espíritu de vigilancia cívica y demanda de transparencia no fue un hecho aislado, sino la raíz de un nuevo despertar ciudadano. Prueba de ello fue que, cuando en febrero de 2020 la Junta Central Electoral suspendió de manera inédita las elecciones municipales, una nueva ola ciudadana, protagonizada por jóvenes, tomó las plazas. Esas protestas masivas, autoconvocadas a través de las redes sociales y vestidas de negro en señal de duelo por la democracia, fueron la consecuencia natural del coraje sembrado por la Marcha Verde. Mostraron que la exigencia de un sistema político limpio y funcional era un reclamo vivo, profundo y generacional.

Sin embargo, ante la potencia de una lucha popular legítima, los poderes políticos y los medios de opinión establecidos a menudo cambian el foco. Cuando no pueden refutar los argumentos de un movimiento, recurren a una táctica vieja y deshonesta: desacreditar la causa colectiva atacando a las personas. La estrategia es clara: sembrar la duda sobre la integridad moral de individuos vinculados al proceso para que, por asociación, se pretenda manchar el mérito colectivo. Es, también, un intento de robarle al pueblo la propiedad de su propia victoria.

Esta maniobra busca esconder un principio fundamental: la libertad de actuación y pensamiento de un individuo no es patrimonio transferible de su familia. Juzgar el valor de una lucha ciudadana por los actos de unos pocos de sus participantes o de sus familiares no solo es una falta de lógica, sino una injusticia deliberada. Es confundir adrede lo individual con lo colectivo para crear un manto de sospecha donde solo hay demanda de transparencia. Esta falacia ignora por completo la naturaleza plural, diversa y anónima de un movimiento de masas.

El objetivo de esta táctica es debilitar la cohesión social y erosionar la credibilidad de figuras destacadas que emergen de estos procesos. Al intentar vincular, por ejemplo, a participantes o simpatizantes con casos como el de la hija del imputado exdirector del SENASA, se pretende construir un relato malintencionado. En ese relato irrespetuoso y abusivo, matizado de falsedad, la lucha deja de ser vista y sentida como un grito auténtico del pueblo para ser pintada como un teatro con intereses ocultos. Es un ataque cobarde que evade el debate de fondo sobre la corrupción sistémica.

La Marcha Verde no nació de la nada. Es la heredera natural de una larga tradición de movilización ciudadana en la República Dominicana, que aprendió y se nutrió de luchas previas. La batalla por el 4 % del PIB para la educación, por ejemplo, fue un precedente crucial que mostró el poder de la organización social, el empoderamiento ciudadano y el uso creativo de símbolos. Aquella lucha, aunque enfrentó rechazos y acusaciones infundadas de estar financiada para perjudicar al gobierno, allanó el camino y dejó lecciones para lo que sería la explosión verde y las subsiguientes protestas juveniles.

Por eso, hoy más que nunca, es esencial separar la paja del trigo y defender el legado de estos procesos. El verdadero triunfo de la Marcha Verde y de las movilizaciones que inspiró no se mide en casos judiciales aislados, sino en el despertar cívico que generó. Su victoria reside en haber roto la pasividad, en haber demostrado que las calles le pertenecen al pueblo y no a los intereses corruptos, y en haber plantado una semilla de dignidad que sigue creciendo. Ese logro colectivo, forjado por miles de personas comunes, es inquebrantable. Desvirtuar una lucha popular mediante señalamientos personales es reconocer, tácitamente, que no se tienen argumentos para enfrentar su poder. Defender su historia es defender el derecho de todo un pueblo a alzar la voz y a ser escuchado.