EE. UU. Y OTRAS AMÉRICAS AMENAZADAS: ningún proceso electoral queda fuera de la influencia del factor Trump

Zürich | Suiza

– Pronunciamientos de Donald Trump y acciones de su superestructura MAGA revelan un posible plan oculto de interferencia e, incluso, de suspensión de procesos electorales que elegirán presidentes en Latinoamérica y miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU., pautados para 2026 y más allá.

La democracia continental aguanta la respiración. El proyecto político de Donald Trump ha mutado de un movimiento electoral a una superestructura permanente cuyo objetivo ya no es competir en elecciones, sino redefinir sus reglas hasta volverlas irreconocibles. El blanco inmediato son los comicios de medio término de 2026 en Estados Unidos, pero el manual de desgaste que se está escribiendo ya se exporta a América Latina y el Caribe, amenazando con convertir la región en un laboratorio de la posdemocracia.

En Estados Unidos, la estrategia opera como una tenaza. Por un lado, se intenta amputar el derecho al voto desde la burocracia. Una orden ejecutiva de marzo de 2025 —actualmente bloqueada, pero reveladora de la intención— buscó imponer el requisito de una “prueba de ciudadanía” para registrarse, una barrera infranqueable para millones de ciudadanos. En paralelo, se impulsan leyes estatales que restringen el voto por correo y se intensifican las purgas de los padrones electorales. Se trata de un ataque técnico, calculado y dirigido principalmente contra el electorado joven, urbano y perteneciente a minorías.

La segunda pinza manipula la geografía del poder. Bajo el liderazgo directo de Trump, se ha desplegado una ofensiva nacional de gerrymandering (redistribución partidista de distritos electorales). Estados como Texas, Misuri y Carolina del Norte han redibujado sus mapas para neutralizar escaños demócratas y crear mayorías republicanas artificiales y duraderas. Solo este proceso podría inclinar la Cámara de Representantes entre 12 y 14 escaños a favor del GOP (siglas de Grand Old Party, nombre histórico del Partido Republicano), asegurando un control férreo del Congreso incluso antes de que se emita un solo voto.

El tercer pilar es el más insidioso: el desmantelamiento de los guardianes de la transparencia. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), responsable de proteger los sistemas electorales frente a ataques externos, ha sido progresivamente desfinanciada y vaciada de expertos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha reorientado el rol histórico de su División de Derechos Civiles, pasando de la defensa del voto a facilitar procesos de exclusión electoral. Se debilita al árbitro mientras se siembra, de forma sistemática, la narrativa del “fraude electoral masivo”, preparando el terreno para impugnar cualquier resultado adverso.

Este “manual MAGA” de deslegitimación no reconoce fronteras y encuentra ecos preocupantes en América Latina. En Brasil, sectores aliados al bolsonarismo replican el libreto al atacar, sin pruebas, la confiabilidad de las urnas electrónicas. En México, se intensifican campañas para erosionar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE). En Argentina, Chile y El Salvador, así como en escenarios de deterioro institucional como Venezuela y Guatemala, movimientos de ultraderecha han aprendido que cuestionar al árbitro electoral es el primer paso para movilizar bases radicalizadas y justificar eventuales rupturas institucionales. Es un virus de la desconfianza política inoculado desde el epicentro estadounidense.

El tablero electoral continental de 2026 y 2028 está, por tanto, profundamente interconectado. No se trata de una conspiración centralizada, sino de una sinergia de métodos, discursos y objetivos entre élites políticas afines. Una victoria del proyecto MAGA en noviembre de 2026 sería presentada como la validación definitiva de este modelo, otorgando un impulso decisivo a sus socios ideológicos en la región. El objetivo final es construir un entorno hemisférico donde las reglas democráticas se encuentren tan debilitadas y cuestionadas que el poder pueda concentrarse sin contrapesos reales.

Frente a esta ofensiva, la respuesta no puede limitarse al ámbito legal o técnico; debe ser política, cultural y masiva. En Estados Unidos, redes de organizaciones civiles se preparan para la mayor movilización de protección al voto de su historia. En América Latina, la resiliencia de instituciones electorales como las brasileñas marca una ruta posible. La batalla crucial no es solo por ganar elecciones, sino por preservar la idea misma de que una elección es el mecanismo legítimo para decidir el poder. El mayor peligro no radica únicamente en la eventual suspensión de los comicios, sino en que, tras vaciarlos de equidad y credibilidad, los pueblos de las Américas dejen de creer en ellos. Ese sería el triunfo final del proyecto autoritario que se disfraza de libertario bajo el sello MAGA-Trump.