Madrid | España 

En la madrugada del 16 de agosto de 1863, catorce hombres cruzaron la frontera por Dajabón y subieron al cerro de Capotillo. No llevaban un ejército: llevaban una bandera. Dos años antes, el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana había arriado esa misma bandera para entregar la naciente República a la Corona española. El mismo Santana que, en 1855, mandó fusilar a Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, héroe de Azua, de El Memiso y de La Estrelleta. Lo que siguió fue una guerra de montes y de fiebre amarilla, de campesinos convertidos en soldados, que en 1865 obligó a un imperio a deshacer por ley lo que había aceptado por decreto. No nos regalaron la soberanía: la restauramos.

De cerros y de rodillas

Ciento sesenta y tres años después, el dominicano de a pie no sube cerros: hace fila en el colmado a ver si el peso rinde pa’l mandado, revisa la factura de la luz preguntándose por qué debe pagar tanto por una energía que solo recibe de vez en cuando y vive la inseguridad ciudadana como quien vive en zozobra permanente.

Y ahora, para colmo, tiene las rodillas peladas de tanto rezar: no ya por la patria, sino porque remuevan al “zar” de las EDES, Celso Marranzini, presidente del CUED, que desde hace más de un año promete el fin de los apagones sin que la vaina termine de cuajar; porque cese en su cargo la “faraona” de Interior y Policía, Faride Raful, cuyo silencio institucional se ha vuelto costumbre; y porque salga de una vez el inoperante titular del INTRANT, Milton Morrison, incapaz de ordenar un tránsito que mata más dominicanos que cualquier guerra reciente.

A esa lista se suma ahora el hermetismo con que Cancillería expulsó, esta misma semana, a nueve —o, según La Habana, diez— diplomáticos cubanos, sin dar una sola explicación pública más allá de invocar la Convención de Viena. Puede que la medida esté justificada; lo inquietante es que, en la República del silencio institucional, hasta la diplomacia se maneja como secreto de Estado.

Y, en medio de esa vaina del hermetismo, la conversación nacional se debate entre si se remenea la mata o si no se remenea, con el ciudadano promedio demasiado ocupado, demasiado infoxicado, demasiado distraído por el pan y el circo cotidiano para preguntarse qué pasó realmente con esos diplomáticos o para reparar en que justo hoy cumplimos 163 años de haber restaurado, con sangre y guerrilla, la soberanía que hoy administramos con tanto hermetismo.

Fechas que anuncian, pero no cumplen

El patrón se repite con una puntualidad que ya debería avergonzarnos. El Natalicio de Duarte, el Día de la Constitución, hasta el sagrado 27 de Febrero: cada fecha patria llega precedida de una frenética expectativa —discursos y promesas de refundación cívica— que puntualmente cede su lugar a la desilusión de siempre.

Nos indignamos con la fecha, no con la causa. Conmemoramos el gesto, no la exigencia. Y así, entre un aniversario y el siguiente, se nos va quedando cada vez más pequeño el espacio para preguntarnos qué significaba realmente izar esa bandera en Capotillo.

Lo que no debería apagarse

Duvergé, los catorce de Capotillo, Luperón y tantos hombres y mujeres anónimos que cambiaron el machete por la libertad no restauraron la República para que 163 años después la celebráramos con un minuto de silencio cívico entre notificación y notificación del celular.

Si España tuvo que deshacer por ley lo que Santana entregó por decreto, cabe preguntarse qué ley —o qué vergüenza— hará falta para que el dominicano de hoy deje de entregar, notificación a notificación, la memoria de lo que costó ser libres.

Zürich | Suiza

El sistema de partidos políticos dominicano sigue mostrando desprecio por la democracia 

El sistema democrático de la República Dominicana enfrenta una profunda crisis de legitimidad y credibilidad debido a sus prácticas internas. La reciente designación de Juan Garrigó Mejía en la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) enciende las alarmas cívicas. Que un hijo suceda formalmente a su madre en la cúpula partidaria reabre el debate sobre las llamadas dinastías políticas.

Esta preocupante sucesión familiar se disfraza bajo mecanismos legales de consenso interno que anulan la verdadera competencia. Aunque la dirigencia defienda los méritos académicos del relevo, la percepción ciudadana interpreta el hecho como un privilegio dinástico. La base partidaria, sin apellidos de alta influencia, queda marginada de la escala de liderazgo por decisiones de cúpula.

El núcleo de la contradicción radica en la naturaleza del financiamiento que sostiene a estas organizaciones partidarias. Los partidos políticos dominicanos operan y financian sus estructuras utilizando millonarios recursos económicos provenientes del erario público. Resulta inaceptable que fondos pagados por los contribuyentes sirvan para consolidar herencias de poder dentro de corporaciones privadas.

La ley penal arrastra una visión antigua, según la cual la corrupción solo se persigue dentro de los ministerios estatales. El sistema de partidos, sus dirigentes y legisladores han logrado excluir deliberadamente el nepotismo como una tipificación penal específica. Este vacío gris, calculado, les permite administrar el dinero del pueblo sin rendir cuentas por el favoritismo familiar.

Existe una exigencia global para que los partidos sean fiscalizados por cámaras de cuentas y tribunales electorales. La sociedad civil considera corrupción administrativa y desvío de poder que estas entidades financien nominillas o estructuras dinásticas. Legislar para auditar estos fondos con el mismo rigor que el tren gubernamental es vital para la transparencia.

Cuando las posiciones de relevancia se transmiten por lazos de consanguinidad, se destruye el principio de igualdad de oportunidades. El desprecio por la democracia se evidencia al priorizar la incondicionalidad familiar por encima del talento militante. Las organizaciones que reciben dinero del erario público deben ser obligadas a respetar la meritocracia.

El caso del PRM no es aislado, sino un reflejo del tradicionalismo que carcome a toda la partidocracia nacional. Si el liderazgo político dominicano insiste en perpetuar redes de parentesco, la confianza ciudadana terminará por colapsar irreversiblemente. La verdadera democracia exige transparencia absoluta, el fin de los privilegios de cuna y el rescate urgente del mérito militante.

El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.

Zürich | Suiza

Lo que ha ocurrido en Ceuta no es una simple muestra de la frontera europea. Es el laboratorio de un modelo de control humano global. América Latina debe abrir los ojos ante este espejo geopolítico. La violencia que ocurre allí se replica hoy en el Río Bravo y en la frontera dominico-haitiana, según documentan organismos como Amnistía Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El neocolonialismo ya no conquista tierras con barcos de guerra. Ahora destruye economías del Sur Global mediante tratados comerciales asimétricos. Acuerdos como el CAFTA-DR y el T-MEC, denuncia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), despojan al campesinado y vacían los campos agrícolas en países del tercer mundo. Esos mismos tratados provocan el éxodo masivo hacia países del primer mundo, tal como recoge el informe de la OIM de 2025 sobre flujos migratorios.

La paradoja es absoluta: los tratados garantizan el libre tránsito de mercancías y capitales, mientras criminalizan el tránsito de las personas que se desplazan persiguiendo la riqueza que les fue extraída. «Es la contradicción perfecta de un sistema global que prioriza el mercado por encima de la supervivencia humana», afirma Saskia Sassen, socióloga de la Universidad de Columbia, en su estudio sobre migración y globalización.

Las potencias occidentales generan las crisis y luego subcontratan la violencia y la violación de los derechos humanos, minimizando la responsabilidad de los Estados dependientes, según el informe de 2026 de la organización Front Line Defenders. Europa paga a Marruecos para cazar migrantes en sus vallas, como documentó el pasado mes de junio la organización Caminando Fronteras. Estados Unidos presiona a México y República Dominicana para que actúen como policías fronterizos, de acuerdo con filtraciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense publicadas por The Intercept. El destino de los nadadores de Ceuta es idéntico al de los balseros y caminantes monteros. Los tres colectivos comparten estadísticas similares: más de 5.000 muertes en rutas migratorias durante 2025, según la OIM.

El capital humano funciona así como moneda de cambio. En los tres escenarios, los migrantes son despojados de su condición de sujetos de derecho y transformados en fichas de negociación. Marruecos abre la valla por disputas políticas, como ocurrió en mayo de 2021 con la entrada masiva de 8.000 personas; los gobernadores de Texas o Florida envían migrantes en autobuses a ciudades demócratas como armas electorales, estrategia documentada por el New York Times en septiembre de 2025; y las élites políticas caribeñas instrumentalizan el sentimiento antihaitiano para cohesionar votos internos, todo bajo la mirada regulatoria de Washington, tal como denuncia el Observatorio de Migraciones del Caribe.

Detrás de este muro global opera un negocio corporativo multimillonario. Corporaciones armamentísticas como Lockheed Martin, Raytheon e Indra convierten el sufrimiento humano en acciones de bolsa. Drones, sensores térmicos, biometría digital y empresas constructoras con sus muros fronterizos blindan los centros de poder. Según el informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) de 2025, el gasto mundial en tecnología de control fronterizo alcanzó los 15.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 8 %. El capitalismo contemporáneo se lucra dos veces con la misma población.

Esta necropolítica fronteriza —concepto acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe para describir el poder que decide quién vive y quién muere— expande sus ganancias mediante la privatización del control estatal. Empresas carcelarias privadas como GEO Group y CoreCivic mercantilizan los centros de internamiento de los migrantes detenidos mientras intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Exigen cupos llenos para justificar contratos con Washington, según reveló una investigación de la ACLU en 2024. La cacería de seres humanos se transforma en rendimiento financiero puro, visibilizado en los diferentes flujos de dinero que se pagan en la cadena de contratación, los cuales ascienden a más de 5.000 millones de dólares anuales, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa.

Ceuta, México y Haití comparten el mismo denominador colonial. Las fronteras actuales no dividen países: clasifican el valor humano, tal como sostiene el académico español José Antonio Sanahuja en su obra La crisis de la globalización. Un pasaporte del primer mundo otorga derechos; nacer en el Sur condena. «Es una división internacional que destruye el derecho a la vida digna», declaró a este medio Felipe González Morales, relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes, en su comparecencia ante la Asamblea General de 2025.

La resistencia frente a esta maquinaria debe ser global y multilateral desde abajo, coinciden organizaciones como la Red Internacional de Migración y Desarrollo y el Foro Social Mundial. Romper el relato oficial de los gobiernos y de los grandes medios es el primer paso, según el comunicado conjunto de la Alianza de Movimientos Sociales de América Latina y Europa, emitido en julio de 2026. El periodismo tiene el deber de denunciar este engranaje macabro, tal como recuerda el Código Deontológico de la Federación Internacional de Periodistas.

Mirar a Ceuta hoy es entender el destino de países divididos por frágiles fronteras y por un desarrollo económico y social muy superior y atractivo para quienes no tienen nada que perder.

El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.

El director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos resaltó la seguridad, la estabilidad y las oportunidades de crecimiento económico del país centroamericano

SAN SALVADOR.– El director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), Ben Black, destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele y afirmó que El Salvador atraviesa una etapa de transformación que fortalece su posición como socio estratégico de Estados Unidos y como destino atractivo para nuevas inversiones.

Durante sus declaraciones, Black señaló que el país centroamericano ha logrado avances significativos en materia de seguridad y estabilidad, factores que, a su juicio, están creando condiciones más favorables para el desarrollo económico y la llegada de capital extranjero.

“El Salvador es hoy un país más seguro y un socio más fuerte de Estados Unidos”, expresó el director ejecutivo de la DFC.

Black afirmó además que El Salvador ha definido una estrategia ambiciosa orientada a posicionarse como uno de los principales polos de inversión tecnológica de la región, aprovechando el interés creciente de empresas e inversionistas internacionales.

Interés en proyectos de infraestructura

El representante de la DFC reiteró la disposición de la institución estadounidense de fortalecer la cooperación económica con El Salvador mediante inversiones dirigidas al desarrollo de infraestructuras estratégicas.

Según explicó, estos proyectos podrían contribuir a impulsar el crecimiento económico, generar empleos y ampliar las oportunidades para la población salvadoreña.

La Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos es una entidad gubernamental que promueve inversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y la cooperación internacional, especialmente en áreas como energía, transporte, tecnología, salud e infraestructura.

Seguridad y economía, ejes de la transformación

Las declaraciones de Ben Black se producen en un contexto en el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido políticas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad pública, la atracción de inversiones y el desarrollo de sectores vinculados a la innovación tecnológica.

Analistas consideran que la mejora de las condiciones de seguridad ha influido en la percepción internacional sobre El Salvador, aunque también señalan que el reto a largo plazo será traducir ese escenario en mayores niveles de inversión, empleo y desarrollo sostenible.

El respaldo expresado por representantes de la DFC refleja el interés de Estados Unidos en ampliar la cooperación económica con El Salvador y acompañar proyectos orientados al crecimiento y la modernización de la economía salvadoreña.

Fuente: Secretaría de Prensa del Presidente Nayib Bukele

El precandidato presidencial afirma que el país necesita un gobierno más cercano a la gente y critica la gestión del PRM por el alto costo de la vida, la inseguridad y la falta de oportunidades

LAS CAYAS, LAGUNA SALADA, VALVERDE.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llamó a los dominicanos a unirse con el objetivo de propiciar un cambio de gobierno en las elecciones de 2028, al considerar que la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha respondido a las principales necesidades de la población.

Durante un encuentro con militantes, dirigentes políticos y líderes comunitarios celebrado en la residencia de Edward Barrientos, alcalde del distrito municipal de Las Cayas, Martínez sostuvo que la República Dominicana requiere una gestión gubernamental más cercana a la ciudadanía, orientada a ofrecer soluciones concretas y resultados efectivos.

El dirigente político afirmó que, a su juicio, tras seis años de gobierno del PRM persisten problemas como el incremento del costo de la vida, los apagones, la inseguridad ciudadana y la falta de oportunidades para los jóvenes y la clase trabajadora.

«Tenemos un gobierno que habla mucho y resuelve poco. Llegó el momento de que República Dominicana sea gobernada por alguien que cumpla, que resuelva y que, más que hablar, haga», expresó Martínez durante su intervención.

Propone una gestión enfocada en la inversión social

El aspirante presidencial manifestó que los recursos públicos deben administrarse con criterios de eficiencia para traducirse en mejoras concretas para la población.

Entre las áreas que identificó como prioritarias mencionó la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del sector agropecuario, el respaldo a las amas de casa, el apoyo a los trabajadores y el impulso de políticas que favorezcan el bienestar de las familias dominicanas.

Asimismo, señaló que un eventual gobierno encabezado por él daría prioridad al fortalecimiento del sistema educativo, con una formación orientada a los valores y a las competencias que demanda el mercado laboral, además de garantizar un acceso más oportuno a los servicios de salud y a los medicamentos.

Exhorta a fortalecer el trabajo político

Durante el encuentro, Abel Martínez también llamó a la militancia peledeísta a intensificar el contacto con la ciudadanía y fortalecer el trabajo organizativo en las comunidades.

El dirigente exhortó a sus seguidores a conversar con vecinos, compañeros de trabajo y líderes comunitarios para construir una mayoría electoral que permita al PLD regresar al poder en los comicios presidenciales de 2028.

La actividad forma parte de la agenda de recorridos que el aspirante presidencial desarrolla en distintas provincias del país como parte de su proyecto político de cara al proceso interno del PLD y al próximo ciclo electoral.

Fuente: Oficina Política Abel Martínez

Madrid | España 

Descubrí la cuestión del Sáhara en 2024 durante mi Máster en Relaciones Internacionales en Madrid, en las aulas de Sistemas Políticos Comparados. Desde entonces, la vivencia directa y la cercanía geográfica me empujaron a profundizar en una realidad geopolítica que antes me resultaba ajena, pero cuyos patrones resultan hoy ineludibles.

El precedente que se repite

En noviembre de 1975, con el dictador Francisco Franco agonizante, Hasán II lanzó la Marcha Verde: 350.000 civiles marroquíes cruzaron hacia el Sáhara Occidental, entonces provincia española. Juan de Borbón, padre del futuro rey Juan Carlos I, pidió en vano al monarca marroquí que frenara la marcha. Hasán II no cedió: aceleró. Medio siglo después, España volvió a comprobar que Marruecos no necesita tanques para forzar una cesión: le basta con soltar la mano en la frontera.

Un patrón, no un accidente

El desembarco en el islote de Islote de Perejil (2002), la crisis provocada por el ingreso hospitalario, bajo identidad falsa, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali (2021), y el desbordamiento de Ceuta en 2026 responden a un mismo guion. Cada vez que España roza un desacuerdo con Rabat, la vigilancia fronteriza marroquí se relaja. No es azar; es su mecanismo de presión más eficaz.

El 30 de julio de 2026 llevó este chantaje al cénit del cinismo: la frontera cayó mientras el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, asistía, impertérrito, a la recepción de la Embajada de Marruecos en Madrid con motivo del 27.º aniversario de la coronación de Mohamed VI.

La hipoteca de Pegasus y el proyecto alauí

Existe, además, una sombra institucional. Los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de Grande-Marlaska fueron infectados con el software de espionaje Pegasus. Meses después, España rompió décadas de neutralidad para respaldar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Nadie ha explicado semejante giro con un argumento más sólido que la sospecha de que Rabat custodia información comprometedora de La Moncloa.

Tras el caos en Ceuta, Rabat optó por un silencio calculado.

No es neutralidad: responde al proyecto irredentista del denominado «Gran Marruecos», que reclama Ceuta, Melilla y Canarias; una agenda expansionista orientada a afianzar la dinastía alauí y consolidar el legado territorial del príncipe heredero Mulay Hasán, futuro Hasán III.

Logística, no desesperación

Entre quienes cruzaron había familias buscando un futuro mejor, pero el retorno voluntario y casi inmediato de la inmensa mayoría delata coordinación y utilización política, no una estampida espontánea.

El coste humano de esta guerra híbrida fue devastador: se habla de un centenar de fallecidos en el lado español y de una cifra similar en el marroquí. Circulan, además, rumores sobre apuñalamientos entre migrantes que, al carecer de verificación oficial, deben consignarse como tales. Lo incontrovertible es que miles de personas fueron utilizadas como cabezas de turco en un tablero geopolítico.

El aliado que corona el gesto

Mientras España contabilizaba los muertos en la costa, Mohamed VI escenificaba su sintonía con Washington bautizando como «President Donald J. Trump» una autopista de mil kilómetros en el Sáhara Occidental. La Casa Blanca no afeó la actitud de Marruecos; responsabilizó a las políticas del Gobierno español de provocar un «efecto llamada». Mientras Rabat se congracia con Estados Unidos, La Moncloa evidencia su aislamiento tras sus acercamientos a China y Palestina, así como sus desencuentros en el seno de la OTAN.

Frente a una agenda expansionista a largo plazo respaldada por alianzas internacionales, la diplomacia española insiste en aferrarse a la cooperación bilateral. Sin embargo, los hechos demuestran que Marruecos es, para España, un vecino geográfico, un socio comercial y un rival estratégico, pero, sobre todo, un enemigo.

Zürich | Suiza

   El Estado, en sus funciones públicas de representación y ejecución, se ha denigrado a sí mismo. No son El Piro ni Santiago Matías quienes han convertido a la sociedad dominicana en lo que es hoy; ellos son muestra de esos efectos. Y qué bueno que, de tíguere a tíguere, nos inviten a divertirnos con una irrupción «Alofoke».

El Estado dominicano ha dimitido de sus funciones esenciales de representación y ejecución, provocando un vacío que hoy degrada la institucionalidad pública. Culpar a plataformas como la de Santiago Matías (Alofoke) o a creadores de contenido como El Piro por el declive ético actual constituye un diagnóstico erróneo y superficial. Ellos no moldearon las carencias del tejido social; son el síntoma visible de un sistema que abandonó la formación ciudadana.

Mientras las élites políticas imponen discursos desconectados de la realidad, los nuevos liderazgos digitales capitalizan la autenticidad y un entretenimiento financiado, en muchos casos, por el propio Estado. El mismo poder que subsidia este espectáculo intenta penalizarlo cuando la diversión cuestiona el orden establecido y se convierte en una trinchera de resistencia popular. La fascinación colectiva por estos códigos no es más que el refugio de una población desencantada que no encuentra respuestas en las vías tradicionales.

El reflejo más crudo de esta ruptura sistémica se evidencia en el eterno y cuestionado debate sobre las reformas al Código Penal dominicano. Los legisladores arrastran durante décadas discusiones permeadas por intereses corporativos y dogmas que perpetúan la impunidad y desprotegen los derechos de la ciudadanía. La incapacidad del Estado para dotar al país de un marco jurídico moderno y justo confirma que el verdadero desorden nace desde arriba.

Esta desconexión legal y moral acelera una intensa lucha cultural, donde los valores tradicionales chocan de frente con una marginalidad cada vez más visible. El debate real no radica en la vulgaridad de un micrófono, sino en el colapso de las escuelas, los hospitales y la seguridad ciudadana. Es la ausencia de un proyecto de nación digno lo que obliga al ciudadano común a buscar validación en el espectáculo.

Aceptar este panorama sin cuestionarlo condena a la población a convertirse en espectadora pasiva de la descomposición estructural de su propia sociedad. No se trata de aplaudir el exceso, sino de comprender que la catarsis surge porque las instituciones oficiales han perdido credibilidad. Corresponde mirar las causas y descifrar si El Piro y Alofoke representan la imagen de un complejo y diverso paradigma que urge comprender para poder avanzar.

La indignación, el disgusto y la elevada abstención electoral deben transformarse en un compromiso activo de fiscalización del poder. Se requiere exigir un sistema penal verdaderamente inclusivo y transparente, donde cada dominicano, sin importar dónde resida, asuma su responsabilidad ética. Solo así podremos demandar referentes públicos que reflejen una superación real y colectiva, pues el cambio social no llegará censurando las voces incómodas.

Es hora de rescatar el espacio público y reescribir con valentía el destino de la nación para las futuras generaciones. El verdadero desafío consiste en superar la apatía generalizada, elevar la calidad del debate y reclamar un Estado que sirva de escudo y no de vergüenza. La transformación de la sociedad dominicana comienza cuando decidimos dejar de ser simples consumidores de crisis para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia dignidad.

El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.