BUKELE CONTRA EL TIEMPO Y EL COSTO FINANCIERO DE LA INCURSIÓN EN HAITÍ

Zürich | Suiza

El presidente Nayib Bukele enfrenta un implacable desafío financiero y temporal al sostener el despliegue de 2.125 soldados de las fuerzas especiales en Haití, tras la captura de cuatro aerotécnicos el pasado 18 de octubre. Esta incursión de rescate en la conflictiva localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, se ejecuta bajo condiciones de guerra urbana desigual contra la coalición criminal Viv Ansanm. El Salvador asume directamente el 90 % de los costos operativos, según declaraciones oficiales del propio mandatario, sin contar con un fondo de reembolso inmediato.

Los modelos presupuestarios de la ONU, que estimaban 300 millones de dólares anuales para 5.500 efectivos de la GSF (Fuerza de Supresión de Pandillas), sirven de base para calcular el impacto económico en las arcas salvadoreñas. Mantener este contingente militar activo en Haití le cuesta al pueblo salvadoreño aproximadamente 104,32 millones de dólares al año. Esta cifra se traduce, en términos macroeconómicos, en un gasto estructural de 2 millones de dólares semanales o 285.803 dólares por cada día de operaciones. Semejante flujo de capital presiona directamente la planificación financiera del Ministerio de Hacienda salvadoreño para el próximo período fiscal de 2027.

El presupuesto de la Defensa Nacional de El Salvador para 2027, fijado en 314,6 millones de dólares, sufrirá una severa reorientación del 33,1 %, equivalente a 104,13 millones, para financiar este conflicto externo. El desvío de una tercera parte de los fondos militares hacia Puerto Príncipe limita los recursos domésticos destinados a sostener el régimen de excepción territorial. La oposición política en la Asamblea Legislativa denuncia la falta de transparencia presupuestaria y argumenta que la ley especial original solo contemplaba 125 técnicos. Esta modificación unilateral de la escala del contingente obliga al Estado a recortar partidas de inversión social o de infraestructura interna.

El déficit fiscal presupuestario de El Salvador para 2027, estimado originalmente por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en 515 millones de dólares, se expandirá un 20,2 %, equivalente a 104,03 millones, debido a la incursión. El desequilibrio fiscal aumentará de forma crítica, obligando al Gobierno a emitir más títulos valores y a adquirir nueva deuda pública transnacional. Dado el compromiso oficial de Hacienda de no incrementar los impuestos ni aplicar nuevos gravámenes al ciudadano, el endeudamiento es la única vía. El costo de la justicia y la pacificación en el extranjero compromete así la estabilidad macroeconómica salvadoreña a mediano plazo.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han adoptado una postura de cautela y una negativa expresa frente a las solicitudes de apoyo logístico de El Salvador. Washington denegó oficialmente la entrega de drones de vigilancia avanzada y aviones de transporte pesado requeridos por el ejército salvadoreño para la ofensiva. El Gobierno estadounidense limita su respaldo a directrices verbales de apoyo político y evita involucrar recursos estratégicos en un escenario de hostilidad extrema. Esta negativa obliga a Bukele a depender de triangulaciones logísticas menores con aliados regionales como Colombia y la República Dominicana.

La Fuerza Aérea Salvadoreña opera en el espacio aéreo haitiano con cinco helicópteros MD-500, que debieron ser trasladados mediante un costoso vuelo chárter privado de National Airlines. Estas aeronaves ligeras, equipadas con lanzacohetes de 70 mm, carecen del blindaje pesado necesario para resistir el fuego concentrado de fusilería en zonas densamente urbanizadas. El entorno geográfico de Santo impone restricciones térmicas que reducen la sustentación de los motores y elevan el gasto de combustible y mantenimiento técnico. Los pilotos enfrentan misiones de alto riesgo sin la cobertura tecnológica norteamericana, lo que aumenta la probabilidad de sufrir bajas materiales adicionales.

El costo de la misión militar en Haití deriva en un desgaste financiero que se acumula semana tras semana y afecta cada vez más el déficit fiscal presupuestario de El Salvador. Esto representa una seria encrucijada: el tiempo de permanencia del elevado número de tropas salvadoreñas en Haití, así como el costo económico y logístico de la operación, podrían traducirse en un precio político para Bukele, con pérdida de popularidad y de apoyo al presidente. También podrían provocar un quiebre en la estabilidad de la paz social, amenazada por los recortes a los programas de sostenimiento de la política de bienestar para mantener a los soldados en Haití.

Por Haití han pasado varias misiones de organismos internacionales, en medio de diferentes crisis y con un mismo propósito: «salvar al pueblo haitiano». El fracaso es evidente. ¿Podrá Bukele, desde la simplicidad populista con la que interpreta la realidad, asumir el alto costo que encierra la compleja y multicausal crisis haitiana?

El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.