ACAMPADAS Y MANIFESTACIONES CIUDADANAS POR LA VIVIENDA

Zürich | Suiza

En España, la indignación ciudadana ha logrado lo que ninguna coalición política en esta legislatura, aunque fue buscada por ellos: encerrar al sistema en cesación de Cortes y ministerios y celebración de elecciones anticipadas.

Las plazas y calles de las más emblemáticas ciudades del país se han convertido en el epicentro de un hackeo institucional sin precedentes, donde la parálisis parlamentaria demuestra la quiebra absoluta de los canales tradicionales de representación. Las maquinarias electorales de todo color, sesgo ideológico e intereses operan hoy en el vacío absoluto y, ante la pérdida generalizada de la confianza ciudadana, todos los componentes políticos de la actual partidocracia pueden admitir con temor que «la suerte está echada»: ¡Alea iacta est!

La chispa de esta insurgencia pacífica no nació en los despachos ministeriales y mucho menos en el despiste de debates parlamentarios, sino del drama social material en las calles del país. El detonante humano del desahucio de una mujer anciana de 87 años rompió de golpe los últimos diques de paciencia y conformismo social para unos y estado de confort para otros. Mientras los salarios permanecen estancados, los alquileres se han disparado un histórico 29 % en tres años, asfixiando las economías familiares. La vivienda ha dejado de ser un debate meramente económico para convertirse en una crisis de clase por la supervivencia de la población.

El paisaje urbano de las principales urbes refleja fielmente la magnitud geométrica de esta ruptura con el régimen político habitual. La Puerta del Sol de Madrid amanece desbordada con más de mil doscientas tiendas de campaña organizadas de forma asamblearia. Esta urbe de la protesta se ha replicado rápidamente en enclaves estratégicos de Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Valencia. La calle ha levantado campamentos permanentes que invalidan por completo el uso ordinario de las instituciones locales.

La llamada disolución de las Cortes Generales se tradujo en una realidad incontestable cuando el Parlamento bloqueó los últimos parches del Ejecutivo, los decretos reales Maricarmen. La incapacidad para legislar frente a la emergencia habitacional desnudó la inutilidad de los discursos y la polarización artificial. Los ministerios han mostrado y quedado reducidos a cascarones burocráticos vacíos, despojados de la iniciativa social por la fuerza organizada de las acampadas y manifestaciones. El fin decretado de la legislatura responde a una capitulación en toda regla frente al desborde civil de la ciudadanía.

Detrás de este colapso político de dimensiones nacionales se devela una complicidad estructural oculta entre el capital financiero global y la inacción de la partidocracia. Con un mísero 1,5 % de vivienda protegida, el Estado renunció deliberadamente a competir con el mercado para favorecer la rentabilidad privada. Un déficit acumulado de 750.000 viviendas asequibles opera como un mecanismo artificial para blindar los precios y proteger los flujos de caja. Esta negligencia de la Administración es la que hoy se impugna de forma frontal.

El programa político emanado de las asambleas ciudadanas plantea una ruptura inmediata con la lógica mercantilista rentista que ha dominado las últimas décadas. Las quejas de la calle demandan la expropiación forzosa de los activos en manos de fondos buitre y de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Se reclama fijar por ley que los alquileres no superen el 30 % del salario real y adaptar los precios al poder adquisitivo. Asimismo, la paralización total de los desahucios y la revocación de licencias turísticas componen este manifiesto.

El próximo horizonte electoral del 29 de noviembre solo será sofocado por un frente progresista aglutinado, organizado y comprometido con sacar adelante el programa surgido desde las asambleas, acampadas y manifestaciones en plazas y calles de ciudades emblemáticas. No se logrará desactivar la energía contestataria que ya cruzó el río del no retorno de una democracia parlamentaria representativa que desahucia. Históricamente, el sufragio operaba como válvula de escape, pero el umbral de tolerancia se rompió. Gane quien gane, el nuevo Ejecutivo gobernará ante un país sin miedo a la burocracia, pues las carpas demuestran que la soberanía ya no se delega ni acampa cómodamente en palacio colonial, ciegamente ante las precariedades de las gentes.

El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.